Este miércoles, el proyecto de Interrupción Voluntaria del embarazo ingresa a la Cámara de Diputados, junto con el proyecto de los 1000 días, que protegerá a la mujer embarazada y sus hijos hasta los dos años de edad.
Tal como había anunciado el presidente Alberto Fernández, en la apertura de sesiones del Congreso, el envío del proyecto se realizará, y sucede en medio de las críticas recibidas por la Iglesia y ante el reclamo de legalización realizado por el movimiento de mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el paro de este 8 y 9 de marzo.
El Presidente afirmó en la noche del lunes, en la finalización de una jornada de paro de mujeres, en una entrevista televisiva, que la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo “no es volver obligatorio el aborto” y sostuvo que “respeta” las diversas posturas al respecto.
En el caso del proyecto de ley de legalización del aborto, se incluirá la denominada “objeción de conciencia”, según adelantó el ministro de Salud, Ginés González García, este fin de semana en declaraciones periodísticas.
Además, adelantó que el proyecto -que se sumará al ya existente de la Campaña Nacional por el Aborto legal, seguro y gratuito- propondrá que el plazo prevista en el texto para realizar el procedimiento sea hasta la semana 14 de gestación para proteger a “quienes llegan tarde, mal, y no tienen acceso”.
“Tenés que darle un par de semanas más porque después de eso no se puede. Esa es la razón, no es una pelea biológica del tamaño del embrión, es un problema de accesibilidad, nada más”, enfatizó.
“El proyecto va a ser muy explícito, pero va a tener penas, no sobre la mujer, pero sí con quien cobre, el que salga fuera de la norma, el que lo haga después de las 14 semanas, con el médico que lo haga, el que usufructe económicamente, el que no cumpla con las causales como riesgo de vida de la mujer o violación”, añadió.
Sobre la posición de la Iglesia, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que “no hay que tener miedo a los debates” ni a “las miradas críticas”, luego de la misa convocada por la Iglesia en rechazo el proyecto para legalizar el aborto.
En tanto, la propuesta de los 1.000 días apunta a evitar que se recurra al aborto por el solo factor de la pobreza.
El Gobierno nacional tendrá como “uno de los principales desafíos” la aprobación del proyecto en el Senado, donde fue rechazado en 2018, tras recibir media sanción de la Cámara de Diputados. Incluso a horas de los anuncios del Presidente, el jefe del bloque del Frente de Todos en la cámara alta, José Mayans, ratificó su postura en contra del proyecto.
