Las múltiples negociaciones que lleva adelante el Gobierno con el FMI y con los tenedores de bonos de la deuda argentina generada por gobiernos anteriores, transitan por estos días por una etapa de definiciones.
Existen diferentes maneras de evaluar la marcha de las conversaciones, pero hay una coincidencia: si los negociadores argentinos consiguen lo que buscan, el futuro será un poco mejor. Por el contrario, si la burocracia del FMI o los impiadosos representantes de los bonistas alcanzaran sus objetivos, Dios nos guarde.
La polémica enfrenta, por estos días, a quienes consideran que es clave reconstruir la confianza de los mercados (y que comiencen de una vez a llover los dólares que nunca hicieron tormenta) y a quienes evalúan que el ajuste que impuso el Gobierno anterior ya no se puede repetir.
En Washington consideraron que la postura negociadora de los argentinos es, cuando menos, “inusual”. Los voceros de los mercados piensan que primero Argentina debe arreglar sus cuentas con el FMI, ya que si fallaran sus tratativas con los bonistas privados, no habría tiempo para un salvataje, dado que los vencimientos están muy próximos y sólo quedaría declarar el default.
En la capital norteamericana manifiestan su apoyo en público, pero en la trastienda no ocultan su desconfianza con la estrategia de Alberto Fernández, en especial porque éste aún no develó su plan económico. Paralelamente, advierten que los bonistas no se encuentran al borde del pánico, por lo que no van a conceder la quita que Argentina planteará.
En realidad, estas bravuconadas manifiestan el tira y afloje que producen los voceros de “los mercados” para intentar disuadir a los argentinos, de quienes creen que se están poniendo demasiado agresivos en su propuesta de quita. Ya advirtieron que hasta un 20 por ciento de quita podría ser “razonable”, pero que más que eso no aceptarán.
De todos modos, colaboradores de Guzmán deslizaron en algunos ámbitos que el descuento que exigirán podría rondar el 60 por ciento, al menos en primera instancia, ya que la negociación está en marcha. De todos modos, quedó repicando en los corrillos la palabra “frustrante”, que muchos bonistas empiezan a pensar que será la tónica en los días que vienen.
Hasta ahora, ni Trump ni los representantes de los fondos buitres ni la burocracia del FMI fueron requeridos por los negociadores de los bonistas privados. En el camino, el ministro de Economía, Martín Guzmán designó a los sino-británicos del banco HSBC y a los norteamericanos del Bank Of America para que sean los agentes de colocación de los nuevos bonos de deuda que surgirían de las negociaciones, mientras que la banca Lazard lo asesorará en las tratativas.
El objetivo primario de Guzmán apunta a ampliar el cronograma de pagos por dos años, ya que hay fuertes vencimientos el año que viene. De esta manera no necesitaría ceder a las habituales exigencias de ajuste que suelen propinar los impertérritos burócratas del FMI. Si, por el contrario, el Gobierno decidiera encarar un acuerdo de facilidades extendidas, debería –se supone, porque todo está por verse- aceptar ciertas “reformas estructurales” que ya en el pasado rigieron en nuestro país, como en los tiempos del dramático megacanje que encaró Domingo Cavallo.
De todos modos, nada está definido aún. Por de pronto, el derrumbe que provocó la crisis del Coronavirus llevó los precios de los bonos argentinos a una fuerte baja, de tal manera que hasta podrían despertar a las antenas de los fondos buitre. Éstos son capitales oscuros, que compran bonos de deuda de empresas y estados soberanos a la baja y luego exigen cobrarlos al 100 por 100 de su valor, aunque para ello deban litigar por años en los tribunales internacionales. Son muy peligrosos, porque los jueces suelen ser benéficos con los personajes que los representan, como Paul Singer y Kenneth B. Dart.
