La operatoria de los créditos UVA nació en los últimos días de marzo de 2017, cuando comenzaba la recta final de las elecciones de medio término del cuatrienio de Mauricio Macri, que se realizaron el 22 de octubre de aquel año. Era necesario levantar la imagen, en medio de un ajuste que después fue mayor, pero que ya se insinuaba duro por esos tiempos. Inclusive, el matutino económico porteño El Cronista tituló el 20 de marzo de aquel año: “Macri lanza créditos hipotecarios para mejorar la imagen y la economía”.
Los créditos se otorgaron a un plazo de 30 años, atados a la inflación, lo cual significó una trampa mortal, similar a la impiadosa Circular 1050, pergeñada en enero de 1980 por el ministro de Economía de entonces, José Alfredo Martínez de Hoz, que lanzó a la calle a miles de deudores hipotecarios.
La tasa inicial de los créditos UVA fue menor al cinco por ciento anual, a la que había que sumarle la tasa UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), equivalente a la milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado de vivienda. El valor de ésta se actualiza diariamente en función de la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que a su vez se basa en el Índice de Precios al Consumidor. Tanto número, tanto coeficiente y tanto cálculo, en realidad esconden el viejo recurso de la usura, un azote que los argentinos conocen bien.
Hoy, los deudores UVA se ven obligados a pelear para romper el cerco que los envuelve, acosados por aquella misma operatoria usuraria. En esa tarea, cientos de ellos le enviaron cartas al presidente Alberto Fernández, que incluyó en la Ley de Solidaridad un artículo que instruyó al Banco Central para que realizara la evaluación del desempeño y las consecuencias de los créditos UVA, atendiendo al “esfuerzo compartido entre deudores y acreedores”.
De todos modos, el esfuerzo compartido pareciera haber brillado, pero por su ausencia o, para explicarlo mejor, sólo del lado de las víctimas. Extrañamente –o no tanto- los financistas siempre ganan, en un mundo que ya no premia el esfuerzo, sino la estafa.
El caso de Paola Gutiérrez, una de las voceras de Hipotecados UVA, es paradigmático. En noviembre de 2017 fue bendecida con un crédito para comprar un departamento de 60 metros cuadrados, que valía u$s 153.000. Gutiérrez recibió, entonces, un préstamo de $ 2.100.000, aunque debió pagar como adelanto el 20% del valor total del préstamo, unos u$s 31.000. Además, desde entonces pagó en concepto de cuotas alrededor de $ 500.000.
El dólar cotizaba en noviembre de 2017 a $ 17,10, por lo que el valor de la propiedad de Gutiérrez alcanzaba, aproximadamente, unos dos millones y medio de pesos, a los que habría que descontarles alrededor de un millón de pesos, sumando los u$s 31.000 (unos $ 500.000 de entonces) del anticipo y el medio millón descontado por las cuotas pagadas. Esto debería significar para Paola Gutiérrez una deuda aproximada de un millón y medio de pesos, pero el índice UVA llevó el valor de la deuda –no de la propiedad, aquí está la incongruencia- a unos cinco millones de pesos.
Por esa razón, tanto esfuerzo –ya que se habla de “esfuerzos compartidos”- sólo le sirvió para deber cada vez más dinero, lo que le da veracidad a aquel apotegma que rezaba: “de enero a enero, gana el banquero”.
En diálogo con Noticias Urbanas, Gutiérrez informó que “los Hipotecados UVA somos un colectivo federal, que abarca desde Tierra del Fuego a Jujuy. Las cartas que le enviamos al presidente pidiéndole que intervenga son de puño y letra de cada deudor. No queremos cartas impresas, con textos prefabricados. Cada familia le cuenta al presidente su situación”.
La referente de los deudores UVA expresó que “queremos que se reabra el diálogo, porque éste no es sólo un asunto entre privados”.
Luego, explicó que “para reglamentar la operatoria, Macri modificó una ley por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia, por el que se permitió que los créditos se indexaran por la inflación. Entonces, si el Estado intervino para colocar esa cláusula, lo que reclamamos es que vuelva a intervenir para que contemple nuestra situación”.
“Cuando obtuvimos los créditos, la tasa inicial era baja, de alrededor del cinco por ciento anual. Así empezamos, pero desde entonces la inflación fue imparable y los créditos no tienen tope. En los últimos tres años, además, las paritarias fueron a la baja y la inflación fue del 48 por ciento en 2018 y del 54 por ciento en 2019. Para evaluarnos, se debería pensar que nosotros compramos en dólares, ganamos en pesos y además pagamos el índice UVA. Así no se puede seguir”.
Gutiérrez asegura que entre los deudores existen cientos de docentes y empleados del Estado, que al momento de iniciarse la operatoria no podían acceder ni a los créditos Procrear, ni recibían salarios suficientes como para alcanzar las exigencias de los bancos privados.
“Por eso –alega la representante de los deudores- queremos ser escuchados. Pedimos que nos desindexen los créditos, aunque entendemos la situación financiera del país. Hay que saber que en estos años hay muchos deudores que perdieron el trabajo, muchos comercios que cerraron debido a la crisis y muchos otros trabajadores cuyos ingresos se cayeron, como le ocurrió a la mayoría de los argentinos. Necesitamos una solución”, cerró, al borde de la desesperación.
