Tras la idea gubernamental que comenzó a trascender este miércoles y jueves de seguir los pasos de Irlanda en cuanto a la estatización del sistema de salud privado, este jueves por la tarde el ministro de Salud, Ginés González García, se reunió con las prepagas para llegar a un acuerdo de cooperación conjunta.
La marcha atrás del Ejecutivo porteño fue también para evitar una incipiente rebelión de los sindicatos que manejan obras sociales y de las empresas de medicina prepaga. Ahora la propuesta oficial es declarar de “interés público” a las clínicas privadas y sanatorios gremiales en el marco de la estrategia oficial para hacerle frente a la pandemia del coronavirus.
También se definió la creación de una “mesa de coordinación” entre el sector público y el privado de la salud, que se encargará de llevar un registro de camas de terapia intensiva y respiradores disponibles en el conjunto del sistema, para afrontar el pico de casos que se espera para mayo.
Según las estadísticas que manejan las autoridades sanitarias, en todo el país existen unas 220.000 camas de internación entre los hospitales públicos, las clínicas privadas y los sanatorios sindicales, aunque sólo el 5% son de terapia intensiva. Ya se sabe que los casos más graves de pacientes afectados por el virus COVID-19 requieren sí o sí de cuidados intensivos.
Ginés había causado revuelo entre los sindicatos y las compañías de medicina prepaga porque la declaración de interés público suponía que la cartera de Salud podía disponer de las camas del sector privado como si fueran hospitales. Las quejas llegaron directamente a oídos del presidente Alberto Fernández: varios dirigentes sindicales de primera línea se comunicaron con él para advertirle que el anticipo que había hecho Ginés ante los diputados nacionales –en una videoconferencia el pasado miércoles- iba a provocar un colapso en las obras sociales, que no tendrían lugar para atender a sus propios afiliados.
La misma lógica siguieron las prepagas, que ayer mismo se sentaron a la mesa con Ginés en el Ministerio de Salud, para tratar de acercar posiciones. Pero antes habían deslizado que iban a presentar amparos contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que finalmente nunca vio la luz. En la Casa Rosada afirmaron ayer que el tema no llegó a la Secretaría Legal y Técnica.
