Hoy se cumplen dos años del gobierno de Aníbal Ibarra en la Ciudad de Buenos Aires. Las viscisitudes por las que atravesó el país durante esta primera etapa de su mandato, parecen haber sido demasiado para este referente porteño de una Alianza que fracasó rotundamente en el plano nacional.
Si algo se puede rescatar, es justamente que logró despegar al menos en parte al distrito de la debacle, pero al costo de tener herida de muerte su coalición con la UCR y desgajado a la mínima expresión el partido que supo ser mayoría en la Capital en la época de Graciela Fernández Meijide. La base de sustentación política le quedó al oficialismo por debajo de la línea de flotación.
De las promesas de campaña realmente cumplió muy poco, pero eso lo desarrollaremos más abajo. Su gestión, más allá de las dificultades económicas, tiene superávit en el debe y déficit en el haber. Su horizonte político es tan nebuloso como su gobierno, pleno de zigzagueos dignos de un político de características tácticas. Buen tiempista y hábil declarante, transitó desenvuelto las diferentes coyunturas, pero jamás dejó claro el rumbo de las soluciones de fondo que una ciudad compleja como ésta requiere.
La Alianza en el distrito dejó una clara huella en su gestión y esa huella es radical. El centenario partido, dominador de las "líneas" intermedias municipales, manejó a su ritmo cansino y de objetivos no siempre "sanctos", la gobernación del líder frentista. La escasez de cuadros con la que cuenta el Frente Grande sucumbió ante la aceitada maquinaria radical que le hizo morder el polvo de la impotencia en más de una oportunidad.
Una política reeleccionista unidireccional lo encuentra sin Plan B o variantes de tablero, en el caso de que no llegue a buen puerto -como parece- la negociación con Elisa Carrió. Esa alternativa única que manejan sus operadores predilectos, encima le genera internas palaciegas de aquéllos que buscan de la suma del poder público, restándole en el momento indicado para sumar.
Queda la sensación que las áreas que mejor se desempeñaron fueron Cultura y Educación, manejadas por los dos hombres de procedencia peronista que tiene el gabinete, mientras que no pudo o no quiso desalojar a los radicales de los lugares que dominan hasta cuando duermen, por ejemplo Promoción Social y Salud. También Desarrollo Económico intentó variantes novedosas, concretando políticas como los microemprendimientos y el apoyo posible a las PyMES.
La falta de planificación llevó a la ciudad a una situación que objetivamente es la peor que la gente recuerde. Más allá de los baches y los cráteres, entre otros "logros" resignó el control de la calle, hoy sin operativos contravencionales en zonas rojas, sin atención a la ocupación indebida, repleta como nunca de vendedores ambulantes, llena de basura y con una polución visual contaminante, que contradice en la práctica, el esquema "polivalente" puesto en marcha.
El tema de la inseguridad fue un un flagelo que nunca pudo resolver. Es cierto que la crisis social es la más aguda que hemos conocido, pero también es cierto que desde el Gobierno poco y nada se hizo por mejorar la situación. Tal es el caso del no traspaso de la Justicia y la Seguridad. Para peor la justicia porteña debutó con el pie izquierdo a partir de las continuas denuncias que envuelven a los integrantes del Consejo de la Magistratura, hoy afrontando un denuncia penal por corrupción. El "fiscal contra el delito" se quedó en el spot televisivo y el peligro se quedó en la calle.
DOS AÑOS DE INGESTIÓN
En la campaña electoral y en los primeros meses de su gestión, el actual jefe de Gobierno se dedicó a presentar proyectos arquitectónicos que entusiasmaron a los vecinos de la Ciudad. La zona sur fue el eje del plan de gobierno, pero a la hora de los hechos, Ibarra optó por impulsar un plan de ampliación de la red de subterráneos cuyo recorrido proyectado prácticamente no llegaba hasta esa zona.
La construcción de las nuevas líneas de subte se convirtió en el caballito de batalla del Gobierno de la Ciudad si de construcciones se habla. Pero la crisis posdevaluación paralizó casi todas las obras -hasta el arreglo de los baches- y todo quedó en el olvido. Actualmente, las nuevas líneas F, G, I y J, más las ampliación norte de la línea H y la extensión hasta Puerto Madero de la línea B, son una quimera. Sólo se están realizando a paso de tortuga un tramo de la línea H compuesto por las estaciones Inclán, Humberto 1º, Venezuela y Plaza Once y otro de la línea B, que por el momento comprende dos estaciones: Triunvirato y Tronador.
Con la construcción de los reservorios para evitar los desbordes producidos por las tormentas sucede lo mismo. Las disputas judiciales entre el defensor del Pueblo Adjunto Antonio Elio Brailovsky y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Abel Fatala, en torno a la validez de los estudios de impacto ambiental realizados por el gobierno -finalmente la Justicia permitió las construcciones-, hicieron más ruido que las máquinas que debían construirlos. Simplemente porque nunca fueron encendidas. Otra cosa que se criticó a al plan de reservorios es que éstos se edificarían sin que se hubiera votado previamente el Plan Hidráulico. Por lo menos este cuestionamiento perdió validez: ni los reservorios se construyeron ni el Plan Hidráulico se votó.
Según la Constitución porteña, la Ciudad debe contar con un Plan Urbano Ambiental que regule su desarrollo urbanístico a mediano y largo plazo. Esa ley marco, fundamental para la Ciudad, aún no fue sancionada. Peor aún, sobre el proyecto pesa la posibilidad de que, si se aprueba tal cual está, la ley resultante sea declarada inconstitucional. Así se lo hizo saber el juez Roberto Gallardo a los diputados porteños, luego de que los abogados Carlos March y Marta Dodero (de Poder Ciudadano) realizaran una presentación judicial contra la iniciativa. La disputa es muy simple: los miembros de la Comisión Asesora Permanente Honoraria (ComAPH) del Plan Urbano Ambiental -integrada por urbanistas no gubernamentales- cuestiona que el Consejo del Plan Urbano Ambiental (CoPUA) -organismo de gobierno que diseñó el plan- no los tuvo en cuenta al realizar el proyecto, tal como lo establecía la normativa vigente.
También la Constitución preveía que para esta fecha la Ciudad estuviera dividida en Comunas. Sin embargo, todos la vemos igual, con su estructura ligeramente descentralizada por el funcionamiento de los Centros de Gestión y Participación. Es que mientras integró la Alianza, el Frepaso se encargó de boicotear una y otra vez las iniciativas favorables a las comunas, temeroso de que la futura administración de las mismas fuera deglutida por el aparato radical.
El Centro Productivo Sur era uno de los proyectos que, según aseguraban en el Gobierno, iba a crear miles de puestos de trabajo y desarrollar un área industrial en el sur porteño, cuyo desarrollo quedó a cargo de la Corporación Buenos Aires Sur. Allí se planeaba asentar un polo de diseño y producción de muebles, uno de robótica y otro de fabricación de juguetes. Además, en la Corporación del Sur decían que también iban a construir, entre los barrios de Barracas y Parque Patricios, 500 viviendas para docentes porteños.
El único logro de esta sociedad del Estado creada entre gallos y medianoches para desarrollar un tercio de la Ciudad fue un Outlet de artículos escolares. Ese único emprendimiento efectivamente concretado -realizado durante la presidencia de Arnaldo Bocco- fue cuestionado por el actual director, Alejandro Labado, en junio de este año, a poco de asumir. Labado también desechó la idea de hacer raciones de comida a un peso por no estar dentro de las funciones que debía cumplir el organismo. Por ese entonces, Ibarra decía en cuanta aparición pública realizara que, por la crisis, su gobierno había tenido que adaptar todas las políticas hacia lo social y ponía como ejemplo el cambio de rumbo de la Corporación del Sur, el cual, duró bastante poco.
El 19 de julio de 2001, NOTICIAS URBANAS, anunciaba que la Ley de Calidad de Aire iniciaba un largo camino, pero ni siquiera el autor de la iniciativa, el diputado porteño Miguel Doy (Forja 2001), pensaba que el mismo se trabaría por la crisis político social, económica y política que vive el país. Hacia fines de diciembre, todo estaba listo como para que el proyecto sea tratado en el recinto, pero la furia desplegada en las calles por los argentinos, revocó la legitimidad política y, con ella, también se fue la voluntad de los representantes porteños para tratar los proyectos importantes.
Una consecuencia de que no se haya aprobado esta norma es que la Ciudad sigue sufriendo constantes emisiones de gases que no pueden ser controladas por las instituciones porteñas, debido a que no cuentan con los elementos necesarios para realizar las mediciones. Por eso hoy le piden a las empresas que actúan en el Polo Petroquímico de Dock Sud que le informen sobre la emisión de gases. Estos escritos pasan a ser "declaraciones juradas en las que tenemos que confiar porque no tenemos alternativa", informaron fuentes del Ente de la Ciudad.
La Ley de SIDA sufrió la misma suerte que la de Calidad de Aire. A principios de diciembre, la presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad, Clori Yelicic (PSP) llamaba a los medios de comunicación para anunciar lo que fue la presentación del despacho de Ley de SIDA, pero a este proyecto, que incluía conceptos como la reducción de daño por parte de los pacientes consumidores de drogas intravenosas y preveía la entrega gratuita de preservativos, también se lo trago la crisis.
En cambio, la crisis no fue la causa por la que la Ciudad aún no cuenta con una ley reglamentada que prohíba el uso del PCB. Aquí la responsabilidad es toda del Poder Ejecutivo. El 29 de marzo de 2001, la Legislatura porteña aprobó la Ley 559, por la cual se prohibía la producción y comercialización del PCB, es decir, bifenilos policlorados, trifenilos policlorados, bifenilos polibromurados y todos sus derivados. También se prohibió la utilización de los equipos, productos e instalaciones que contengan estas sustancias. Pero el jefe de Gobierno la vetó en mayo del año pasado. La Legislatura insistió con otra iniciativa parlamentaria, que fue aprobada el 4 de abril de 2002. Pero esta vez Ibarra ni publicó la norma en el Boletín Oficial ni la reglamentó.
En noviembre del 2000 la Legislatura porteña sancionó, a instancias de un expreso pedido del Ejecutivo, la ley 516, que autorizó la construcción de un micro estadio cubierto de usos múltiples en la zona de Villa Lugano. Pero informes de la Comisión Evaluadora y de la Procuración General de la Ciudad le bajaron el pulgar a la única empresa que se presentó a la licitación y, por tal motivo, no se realizó la obra.
Sin embargo, Ibarra se había comprometido a apoyar activamente la construcción del estadio en una reunión con el Presidente de la Federación Internacional de Voley, el cual teóricamente estaría listo al iniciarse el mundial. Pero el mundial se va a jugar en el Luna Park.
El traspaso de la Justicia no se hizo. En lugar de eso desapareció la subsecretaría vinculada a ella. Simplemente porque en ese marco no tenía motivo de ser. La Ciudad sigue sin poseer el puerto y sin tener tampoco un cuerpo de policía propio. Desde la subsecretaría de Seguridad que dirige Enrique Carelli el plan ahora es realizar una serie de convenios con la Policía Federal que agilicen la relación entre las autoridades del distrito y las de la fuerza, en vistas a que el traspaso es algo que no se realizará.
Hasta el "Registro Único de Beneficiarios de Programas de Empleo, Subsidios y Programas Sociales", algo que el Gobierno porteño había prometido implementar en septiembre del año pasado con bombos y platillos, aún está en veremos. Tal es así que el diputado Enrique Rodríguez (Forja 2001) decidió incluir su creación en el proyecto de ley de Emergencia Social y Económica, recientemente presentado.
El Poder Ejecutivo tampoco envió este año el Presupuesto a la Legislatura, pero sigue insistiendo con prorrogar la Ley de Emergencia Económica, que le otorga poderes especiales al jefe de Gobierno para, entre otras cosas, revisar, suspender y anular contratos con las empresas que prestan servicios a la Ciudad. La norma fue votada en diciembre del año pasado, al estallar la crisis. Pero en los seis meses en los que Ibarra fue superpoderoso, sólo rescindió un contrato con una empresa de mantenimiento hospitalario.
