Al llegar el 27 de abril de 1979, la dictadura militar llevaba ya tres años en el poder, en los que habían concretado algunos de sus objetivos principales, entre los que se contaban la reprimarización de la economía, la consiguiente desindustrialización y la neutralización del poder sindical mediante el terror, los secuestros, los asesinatos y las desapariciones de cientos de delegados y dirigentes gremiales.
En esta lista se podría incluir, entre otros, a Oscar Smith (Luz y Fuerza), a Jorge Di Pasquale (Empleados de Farmacia), Isauro Arancibia (CTERA), Manuel Asencio Tajan (FOTIA), Luciano Sander (FOTIA), Secundino Vallejo (FATRE), Tomás Di Toffino (Luz y Fuerza), Leandro Fote (FOTIA) y René Salamanca (SMATA), que son sólo algunos de los dirigentes que fueron detenidos en distintas circunstancias y de los cuales nunca se volvió a saber nada y permanecen aún desaparecidos, tras 37 años del fin de la dictadura.
Entretanto, el general Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura, declaraba que “la unidad sindical atenta contra los principios liminares del proceso”. Tiempo antes, el primer ministro de Trabajo de Videla, el general Horacio Tomás Liendo, saludaba en 1976 el fin de la huelga de los trabajadores de Luz y Fuerza con una frase perversa: “una vez más, han triunfado el diálogo y la tolerancia”. Obviaba informar que apenas unos días antes el ejército había secuestrado al secretario general de la seccional Buenos Aires del Sindicato de Luz y Fuerza, Oscar Smith y a una decena de delegados más.
Aquel 27 de abril, el Grupo de los 25, el sector más combativo de la CGT, convocó a una huelga general que fue la primera manifestación colectiva de resistencia contra el avasallamiento de sus derechos, sus libertades y hasta de su misma condición de trabajadores.
A fines de 1978, en un cónclave peronista, Saúl Ubaldini, el legendario secretario adjunto de los cerveceros, leyó un durísimo comunicado que había sido elaborado con otros dirigentes, en el que exigían la libertad de los presos políticos –que por entonces se contaban por miles- y dejaba claro que la entrega del país no era una salida política aceptable. El interventor de la CGT convocó inmediatamente a Ubaldini y le recordó que aún estaban vigentes los estatutos del proceso de reorganización nacional y lo amonestó violentamente, imbuido por un falaz fervor castrense.
Luego, el 21 de abril de 1979, en una reunión realizada en la sede del Sindicato de Molineros, la Comisión de los 25 lanzó la convocatoria a una Jornada Nacional de Protesta para la restitución del poder adquisitivo de los salarios, la plena vigencia de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo y la normalización de los sindicatos intervenidos.
Una vez lanzada la huelga, el segundo ministro de Trabajo de Videla, el general Llamil Reston, convocó a los que habían firmado el comunicado, ante quienes les fue presentado un formulario que debían firmar obligatoriamente. En él se les preguntaba si estaban al tanto de la huelga y de la violación de las disposiciones de la dictadura que ésta significaba y qué actitud iban a tomar el 27 de abril. Todos los sindicalistas se negaron a responderlo y, menos aún, a firmarlo. Reston no iba dudar y no lo hizo: todos fueron encarcelados y algunos de ellos reposaron en las prisiones por períodos de hasta seis y ocho meses.
Ese día fueron detenidos, entre otros, Saúl Ubaldini y Alberto Barilache (cerveceros), Ricardo Pérez y Francisco Racicky (Camioneros), José Luis Castillo (Conductores Navales), Ángel Estévez (Viajantes de Comercio), Roberto García (taxista), Carlos Cabrera (mineros), Roberto Digón y Francisco Loiácono (Tabaco), Gerónimo Izzeta (municipales), Fernando Donaires (papeleros), Raúl Crespo (SUPE), Rodolfo Soberano (molineros), Raúl Ravitti (ferroviario), Juan Carlos Crespi (Petroleros del Estado), José Rodríguez (Smata), Enrique Micó (vestido), Jorge Luján (vidrio), Demetrio Lorenzo (alimentación), Natividad Serpa (Obras Sanitarias), Delmidio Moret (Luz y Fuerza), Horacio Alonso (Judiciales), Néstor Dorra (Molineros), Juan Racchini (Aguas Gaseosas), Carlos Otero (Turf), Alfredo Maldonado (pasteleros), Víctor Marchese (calzado), Alberto Campos (UOM) y Benjamín Caetani (aceiteros). Primero se los llevaron a todos al Departamento Central de Policía y luego, mientras los golpeaban amablemente, fueron alojados en la Cárcel de Caseros.
Los militares no contaban –desconocimiento es subestimación-, de todos modos, con que los sindicalistas habían designado un Comité de Huelga clandestino, ante la posibilidad de ser detenidos, que debería seguir adelante con las tareas de coordinación para que el paro no fallara.
Según un informe emitido por la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), en esa provincia pararon ese 27 de abril 168 mil trabajadores metalúrgicos, mientras que los Señaleros, la Fraternidad y los Petroleros Privados directamente registraron cero asistencia a sus puestos de trabajo. Las planillas de presentismo que solicitó la DIPPBA a los empresarios registraron además 44 mil huelguistas entre los textiles y otros 33 mil entre los mecánicos del SMATA. Por su parte la cementera Corcemar registró la ausencia absoluta de sus obreros, que sólo regresaron a sus puestos de trabajo cuando el secretario general de la Comisión Interna fue detenido.
Entretanto, el salario real caía abruptamente, ya que al 24 de marzo de 1976 los trabajadores tenían una participación del 50 por ciento en el Producto Bruto Nacional, que en 1979 había caído violentamente hasta el 24 por ciento. Además, la CGT estaba intervenida, sus principales dirigentes estaban en prisión o sus sindicatos habían sido intervenidos. Para peor, se perseguía, encarcelaba, torturaba y desaparecía a miles de delegados y activistas sindicales.
La Comisión de los 25 había sido conformada hacia fines del año 1977 por sindicalistas de los gremios de cerveceros, ferroviarios, taxistas, obreros navales, camioneros, mineros, mecánicos, metalúrgicos, papeleros, estatales, telegrafistas, viajantes de comercio, caucho y tabaco, entre otros.
Por el contrario, en 1978 nació la Comisión Nacional de Trabajadores, uno de cuyos líderes era Jorge Triaca (digno padre), que buscaban un canal de diálogo con los dictadores que los atendían en sus lujosas oficinas mientras ordenaban el asesinato de los delegados y activistas que Triaca y Armando Cavalieri decían representar.
La huelga del 27 de abril de 1979 fue un hito en la lucha contra la dictadura, ya que comenzó a desencadenar un proceso que culminaría aquel recordado 30 de marzo de 1982, cuando otra huelga contra la dictadura inició la retirada final de los militares del poder, que fueron capaces hasta de lanzar una guerra contra sus eternos amigos ingleses en respuesta al incontenible empuje de los trabajadores.
Pero ésa es otra historia.
