El gobernador Axel Kicillof presentó las primeras tres iniciativas legislativas del período de sesiones ordinarias que inauguró el 2 de marzo pero que no comenzó a rodar aún, producto de las medidas de aislamiento que se dictaron para prevenir el contagio de COVID 19.
El primero tiene que ver con una “ley ómnibus” que contiene varios puntos, entre ellos un pedido de autorización para contraer deuda por 500 millones de dólares y 20 mil millones de pesos.
La justificación otorgada es la emergencia por el coronavirus, que demandó medidas como el dictado de la emergencia sanitaria y todas las medidas de prevención, incluyendo la suspensión de actividades en la mayoría de las ramas de la economía bonaerense.
Pero también señala la situación preexistente a la pandemia, descrita a través de indicadores sociales y económicos como la caída del producto, las tasas de desocupación y de pobreza, entre otros.
En concreto, Kicillof solicita autorización para “contraer endeudamiento con Organismos Multilaterales o Bilaterales de Crédito por hasta la suma de dólares estadounidenses quinientos millones”, tal como se lee en el artículo segundo de la norma. Con ese dinero, el Gobierno prevé “financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o inversión pública” cuyo carácter no se precisa.
También solicita autorización para endeudarse por hasta 20 mil millones de pesos para “regularizar atrasos de Tesorería”, mediante “los mecanismos y/o instrumentos financieros que juzgue más apropiados”.
Además busca permiso para “reasignar recursos sin adjudicación” de fondos provenientes de préstamos de organismos internacionales de crédito y del Estado nacional para financiar y ejecutar programas sociales.
Algunas de las medidas apuntan directamente a los municipios, como la suspensión de los efectos de la Ley de Responsabilidad Fiscal “con el objeto de ampliar las posibilidades de financiamiento y actuación de las comunas”, que se vieron atadas por esa norma, dictada durante el gobierno de Cambiemos.
Más a allá de las novedades en materia económica, Kicillof pide autorización para extender por 180 días la emergencia sanitaria; prohibir el corte de servicios públicos por falta de pago y disponer que las prestadoras den facilidades de pago a los usuarios.
Establece por último modificaciones al código fiscal de la Provincia para permitir eximir del pago de impuestos a las operaciones de las cooperativas, para permitir la venta al por mayor de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería. A la par, amplía plazos para el pago de tributos y de presentaciones juradas en el marco de ARBA y deja sin efecto las penalizaciones que deriven de atrasos que se hubieran cometido.
Otro de los proyectos remitidos por el Ejecutivo tiene que ver con la suspensión de los desalojos y ejecuciones hipotecarias, judiciales y extrajudiciales para inmuebles destinados a vivienda única.
La norma ampara incluso a los lanzamientos que se hubieran ordenado pero no se hubieran ejecutado a la fecha e incluye a clientes de créditos UVA. El proyecto afirma que busca “proteger el derecho a la vivienda digna y adecuada y mitigar el impacto de la pandemia”.
Abarca el universo de inmuebles que va desde “vivienda única urbana o rural”, “habitaciones para vivienda familiar o personal”, “inmuebles para actividades culturales o comunitarias”, ” inmuebles rurales de pequeñas producciones familiares”, “inmuebles alquilados a monotributistas para dar sus servicios, comercio o industria o alquilados a profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión”.
También inmuebles “alquilados a micro, pequeñas y medianas empresas” y a “cooperativas de trabajo o empresas recuperadas”.
