Luego del comunicado que emitió el jueves Juntos por el Cambio, tras la decisión de la Oficina Anticorrupción de desistir de su rol de querellante en las causas Los Sauces y Hotesur, diputados del espacio opositor redoblaron la apuesta y denunciaron al titular del organismo, Félix Crous por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La demanda está firmada por Graciela Ocaña, Waldo Wolff y Fernando Iglesias, entre otros, quienes manifestaron que Crous faltó “a las obligaciones de su cargo, con el único y evidente objeto de beneficiar a los allí imputados”. La denuncia se suma a la que hizo el jueves 14 de mayo la abogada Silvina Martínez y al pedido de interpelación por parte del bloque de diputados de la Coalición Cívica, para que el funcionario explique en Comisión los motivos que lo llevaron a dejar de querellar en ambos casos.
“La Oficina Anticorrupción tiene facultades para querellar y, en consecuencia, ejercer autonomamente la acción por el interés del Estado en que se persigan los delitos de los que fuera víctima”, sostiene la denuncia de los legisladores de Juntos por el Cambio, presentada en la mañana de este viernes en la justicia federal. En el escrito se destacó “la obligación de los funcionarios públicos de promover la investigación de los delitos que tomen conocimiento con motivo de sus funciones” y que en el caso de la Oficina Anticorrupción “se torna más específica por las atribuciones asignadas de ejercer la acción penal más allá de la mera denuncia”.
Los legisladores sostuvieron que Crous, “ha faltado a las obligaciones de su cargo, con el único y evidente objeto de beneficiar a los allí imputados”. Y agregaron que con esa conducta, “ha infringido el artículo 274 del Código Penal, pues por el cargo que ejerce y las atribuciones asignadas, tiene el mandato de promover la persecución y represión de los autores de los delitos de corrupción”.
Desde Juntos por el Cambio consideran también que, con el retiro de la querella de la Oficina Anticorrupción, Crous “ha perjudicado deliberadamente la causa que le ha sido confiada”. Y agregaron: “no escapa a nuestra consideración, ni puede escapársele a Vuestra Señoría, el daño que le causa a un caso penal que sea el propio Estado -particular damnificado por el delito investigado-, quien desiste de seguir impulsando una causa que lo tiene como víctima, sobre todo con la cantidad de investigaciones relevantes que han continuado con el ejercicio de la acción por impulso de la querella”.
Asimismo, los diputados consideran la conducta del funcionario como “kafkiana”, porque Edebería denunciarse a sí mismo, en tanto y en cuanto su accionar es el previsto en el inciso b) del artículo 50 de la ley citada, que dispone que entre las facultades de los magistrados de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (a la que está asimilado) se destaca la de “Informar al Procurador General de la Nación cuando estimen que la permanencia en funciones de un Ministro, Secretario de estado o funcionario con jerarquía equivalente o inferior pueda obstaculizar gravemente la investigación”.
