Valdés denunció una maniobra de las empresas recolectoras de residuos

Valdés denunció una maniobra de las empresas recolectoras de residuos

El diputado porteño Eduardo Valdés aseguró que la suspensión de la audiencia pública convocada para discutir los pliegos de la licitación de la recolección de los residuos en la Ciudad fue producto de una maniobra de un club de empresas para demorar su realización. Valdés estima que en los próximos días denunciará este hecho ante la Justicia. Por lo pronto, para que no se sigan extendiendo los plazos, el diputado presentó un proyecto en la Legislatura para que sea ésta la que, en un plazo no mayor a 30 días, discuta y apruebe el pliego de la licitación


El legislador porteño Eduardo Valdés (PJ) descubrió que Emilio Jorge Parodi, quien había realizado una presentación judicial en carácter de ciudadano común que derivó en la suspensión de la preaudiencia y audiencia pública previas a la licitación del servicio de residuos, estaría vinculado con la empresa Solurban S.A., una de las cuatro compañías que cumplen con el servicio de higiene urbana. Mediante una serie de visitas a la página del Gobierno de la Ciudad www.buenosaires.gov.ar, Valdés se enteró de que Parodi había realizado una presentación idéntica en dicho sitio web desde el correo electrónico de Laura Bonfiglio, secretaria de la empresa Solurban SA.. Desde la misma dirección de correo envió su opinión la misma Solurban y también Cliba, otra de las compañías encargadas de la recolección.

"Esto significa que las empresas que hoy realizan el servicio formaron una especie de club para moverse en bloque y objetar la licitación, de modo de parar el proceso y retener por el mayor tiempo posible el negocio. Sucede que, mientras el servicio no sea adjudicado nuevamente por el Gobierno porteño, lo siguen cumpliendo los actuales concesionarios", señaló Valdés.

El diputado peronista también cuestionó el fallo de la Cámara, que suspendió la audiencia fundamentando que no se cumplía el plazo de 20 días, fijado en la normativa, entre el llamado a la audiencia y su realización. "La ley obliga a hacer dos publicaciones en el Boletín Oficial y fija un plazo de 20 días entre la convocatoria y la audiencia. Nosotros, para garantizar la difusión, hicimos cinco publicaciones. Y los jueces tomaron en cuenta la última. Si hubieran considerado la segunda, el plazo era de 23 días", explicó.

El Gobierno porteño había convocado a una preaudiencia y una audiencia públicas, que debían celebrarse este lunes y martes, con el fin de debatir las condiciones de la licitación del servicio de higiene urbana de la ciudad. Las actuales concesiones están vigentes desde 1998 y fueron renovadas por un año tras su vencimiento, a principios de 2002.

Valdés, cuya denuncia por el momento es sólo mediática ya que aún no ha podido encuadrar legalmente el accionar de las empresas, aseguró que no va a permitir que sigan extendiéndose los plazos para realizar la nueva licitación. "Presentaré un proyecto para que la Legislatura porteña, en un plazo no mayor a 30 días, sea la que discuta y apruebe el pliego de licitación, a fin de que se modifique cuanto antes el sistema de recolección de residuos, cosa que obviamente, no quieren las empresas", afirmó Valdés.

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