El Gobierno nacional resolvió anular la multa de 810.000.000 de pesos que el Ministerio de Trabajo le había impuesto al gremio de Camioneros en 2018 por la realización de asambleas de trabajadores en ámbitos laborales sin previo aviso.
En una resolución de la cartera que conduce Claudio Moroni, con fecha del 28 de mayo de 2020 consta que “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”, por lo que el monto determinado, que ronda los 1.000 millones de pesos, fue calculado en función de la cantidad de afiliados al gremio de Camioneros y no de quienes participaron de las asambleas sin previo aviso aún en el marco de una conciliación obligatoria.
Asimismo, la resolución incluye que “si bien en el instrumento acusatorio se indicó en concreto la conducta verificada como infracción y su vinculación con la norma infringida, no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada, haciendo solo referencia a las actas de inspección obrantes en las actuaciones”, en las que “no surge de todas ellas, precisión ni certeza de la cantidad exacta de trabajadores afectados en cada empresa y/o establecimiento, así como tampoco surge con claridad ni certeza que la totalidad de los trabajadores de las empresas mencionadas en las actas estuvieran afectados por la medida sindical cuestionada”.
No es el primer centro que la administración de Alberto Fernández le tira un centro a Hugo Moyano. Hay que recordar aquella vez en la que el jefe de Estado se deshizo en elogios al líder sindical en la inauguración de un hospital cuyas instalaciones fueron puestas a disposición por el gremio de Camioneros.
