El caso de la intervención, rescate -o como quieran llamarle- del complejo exportador agroindustrial Vicentín por parte del Gobierno Nacional rompió la monotonía informativa de la pandemia, que otros temas no habían logrado instalar. Ahora sí, con todos los matices de la cuarentena aún en marcha, la política ha dicho presente a gran escala, ya que aunque el tema de las escuchas -que afecta hasta al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri- estalló también esta semana, quedó por ahora claramente a la sombra de lo sucedido con el poderoso conglomerado agro industrial con sede en Avellaneda, Santa Fe.
La visión de la legalidad jurídica y de la legitimidad de la acción del gobierno está teñida por las históricas contradicciones que tuvo este país, sobre todo si se piensa en su frustrada matriz productiva, que no llegó jamás a consolidarse en un proyecto nacional insertado en el mundo. Ésta tuvo mejores o peores etapas, yendo o no a la deriva, en consonancia con las disfunciones institucionales que tanto tuvieron que ver con este déficit que tenemos como nación.
Por lo tanto, lo que pasó con Vicentín puede ser o ser no grave, dependiendo del lugar desde el que se lo mire, ya que al cierre de estas líneas, el Presidente de la Nación había sido llamado por Gustavo Nardelli, el CEO de la empresa.
Éste intentará desvincular a la familia de la intervención o de futuras investigaciones como las que ya promueve el kirchnerismo en el Senado, con la creación de una bicameral respecto de lo actuado entre el Estado y Vicentín, que sostuvieron una relación muy compleja y vidriosa en los últimos años, sobre todo desde 2015.
La pregunta del millón es en qué modelo de país se inserta esta medida, que es una herramienta más, de dudosa legalidad mientras no exista la Ley de Expropiación de esta empresa, que en un breve lapso tratará el Congreso de la Nación, en lo que se espera que no sea el segundo round de lo que sucedió con la histórica Resolución 125. Esa etapa, tan errática desde el punto de vista del gobierno y de sus enemigos, entronizó –por ejemplo- electoralmente a un Francisco De Narváez, que de la nada pasó a ganarle un duelo clave al binomio integrado por Néstor Kirchner y Daniel Scioli, que encabezaron -en la categoría diputados- una de las listas testimoniales más célebres de la historia argentina.
El gobierno promueve que esta es una excepción y no un modelo de expropiaciones, sin explicar tampoco qué haría si hubiera un caso similar al de Vicentín. Claramente -hay que decirlo con todas las letras-, Argentina no se convertirá en Venezuela, por más que avance con este tema. Son tantas las diferencias en comparación con las similitudes, que ni vale la pena detenerse en ello. Éste es el slogan de la oposición y tampoco es tan novedoso, sino que el hecho pega con aquel país y no mucho más. Aquí, más que ideológica, la apuesta es que la medida sea realmente beneficiosa para todas las partes, sobre todo para las más vulnerables, si esto avanzara de una manera coherente.
El Estado es uno de los grandes perjudicados por las deudas de este grupo empresario y, a su vez, es el que fija las reglas de juego en la economía, en la cual tiene varios acreedores en fila bajo su órbita.
Es muy loco pensar en que el Estado debe proteger su patrimonio de alguna manera, porque todas las veces que no hizo nada terminó perdiendo el tren, ¿socio en las pérdidas y ninguneado en las ganancias?
A su vez las intervenciones o expropiaciones del Estado en empresas rara vez han sido exitosas desde lo económico, ni tampoco desde lo estratégico, dando por hecho que esta estrategia hoy en el mundo es un gasto o, en el mejor de los casos, una inversión, pero nunca un negocio financiero a plazos, ni tampoco un carry trade inmediato.
Hay muchos sectores que jugarán este partido, por el volumen de la empresa, en términos de cantidad de dólares de exportación o de puestos de trabajo que genera a lo largo y ancho del país. Además, es la única empresa argentina aquí, en un mundo dominado por las trasnacionales del agro. De hecho, Cargill y fondos cercanos, de la mano de José Luis Manzano intentaban -¿seguirá haciéndolo?- quedarse con este mismo paquete. Y ése hubiera sido el final de los agroexportadores argentinos en el top rank de nuestro país.
Sería larguísimo hablar de números para este artículo, son todos muchos y grandes, pero a la vez sería infantil negar el poder que tiene para cualquiera el control de esta empresa. Sería injusto que una estructura bien armada y mal manejada, abandonara por errores o delitos camuflados, su historia de noventa años de progreso. Sería una tragedia para el agro argentino y sus miles de empleados, que pasarían a depender de cualquier otro interés. Por último, sería apresurado decir que el Gobierno lo pensó mal, cuando lo único comprobable es que su manejo era deficiente y peligroso.
Los principales jugadores, pasadas las primeras 24 horas empezaron a entender de qué se trata. La negociación entre las partes la constituye un hecho concreto. La oposición todavía no lo entendió, apuesta al modelo 125, que les salió bien una vez, y que quizás intenten activarlo como un antivirus a la inacción.
El Estado, quizás esta vez haya aprendido a no dejar pasar oportunidades estratégicas y defender su patrimonio. Esto recién empieza, veremos su continuidad.
