El Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió disolver la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) con el objetivo de “transparentar y democratizar” la actuación del organismo.
La decisión fue adoptada en las últimas horas y está en línea con la misma medida que se adoptó en el Servicio Penitenciario Federal tras los últimos acontecimientos públicos sobre los episodios de inteligencia sobre personajes públicos y presos conocidos años atrás.
Hay que tener en cuenta que el Servicio Penitenciario bonaerense sufrió fuertes cuestionamientos relacionados con la causa que investiga el espionaje ilegal realizado en el Gobierno de Mauricio Macri port tareas de inteligencia que se le realizaban a exfuncionarios presos de la administración kirchnerista en las cárceles de la mprovincia de Buenos Aires.
Recientemente, el propio ministro de Justicia bonaerense Julio Alak reconoció ante dos comisiones de la Cámara de Diputados que las cárceles bonaerenses están desbordadas y que el SPB “es una deuda de la democracia”.
Entre otras cosas, el funcionario remarcó que falla el sistema de control de presos que son beneficiados con salidas transitorias y prisiones domiciliares, al tiempo que cuestiono que más de 22.000 mil internos fueran habilitados por la Justicia para utilizar teléfonos celulares.
“El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se convirtió en el único condenado por los organismo internacionales por la situación de crisis humanitaria. La situación que encontramos, y no para echarle la culpa al gobierno anterior sino que es una deuda de la democracia, es catastrófica”, consideró el ministro.
Días atrás, la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia por “producción de inteligencia ilegal” durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri en perjuicio de unas 500 personas, entre ellos políticos, referentes de organizaciones sociales, académicos, empresarios y miembros de diversos organismos de la sociedad civil, además de unos 400 periodistas.
Además, la flamante interventora interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ex jueza de Cámara María Laura Garrigós de Rébori, explicó en una entrevista con Télam que se dedicará especialmente a analizar la actuación del servicio de inteligencia de su organismo, tras hacerse pública la investigación que lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena.