Los abogados de la Asociación Carlos Cossio, que defienden a los vecinos expulsados del ex PADELAI, le solicitaron al juez Hugo Ricardo Zuleta que le impida al Gobierno de la Ciudad realizar nuevas demoliciones en el inmueble. El escrito fue presentado en el Juzgado 10, Secretaría 20, del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, donde tramita el expediente titulado Sandoval Elverilde c/ GCBA s/ amparo art. 14 CCABA. Se trata de una causa originada por un amparo que, a través de sus abogados, presentó en enero la síndico de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo Ltda. -entidad titular del 70 por ciento del predio- para impedir el desalojo del edificio. Tras haber sido concedida una medida de "no innovar" por el juez de feria Roberto Gallardo, ésta fue levantada por Zuleta, con los consiguientes hechos conocidos: el desalojo, la represión y la demolición de parte del edificio, producidos el 25 de febrero.
Posteriormente la Cámara ordenó suspender la demolición y prohibió al Gobierno de la Ciudad continuarla sin que medie el permiso del juez actuante (Zuleta). En mayo de este año las autoridades porteñas le solicitaron a la Justicia continuar con parte de las demoliciones. El escrito ahora presentado por los abogados de la cooperativa es la respuesta a esta acción.
Los defensores de los vecinos del ex PADELAI fundamentaron su solicitud en que el edificio se encuentra dentro del Área de Protección Histórica Nº 1 y que, por lo tanto, antes tomar cualquier decisión que afecte a los inmuebles allí comprendidos, se debe, por ley, consultar a los organismos que componen el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. También afirman que deben expedirse la Secretaría de Medio Ambiente y Planeamiento Urbano y la Dirección de Obras y Catastro del Gobierno de la Ciudad.
Asimismo, se basan en que la Constitución de la Ciudad, en su artículo 31, garantiza el derecho a la vivienda y argumentan que las ordenanzas 44.522 y 44.838 -sancionadas en 1990- aún continúan vigentes porque fueron ratificadas por la Legislatura porteña. La primera de las dos normas establecía la remodelación para viviendas del ex PADELAI y la segunda le otorgaba a la Cooperativa el 70 por ciento de la titularidad del edificio.
Otro hecho que se destaca es que el mismo Aníbal Ibarra, cuando era concejal, presentó el 5 de diciembre de 1995 un proyecto de resolución para que se diera inmediato cumplimiento a las ordenanzas y que luego, cuando fue jefe de Gobierno, hizo exactamente lo contrario.
César Augusto Arias, abogado del estudio Carlos Cossio, le expresó a NOTICIAS URBANAS que este miércoles se presentará en el Juzgado Comercial Nº 18, a cargo de Germán Páez Catañeda, Secretaría Nº 35. Pedirá que el juzgado le ordene al INAES entregar toda la documentación que permite el funcionamiento de la cooperativa. Sucede que en el 2000 fueron robados los libros de actas y, como el organismo se negó a entregarles nuevos ejemplares a la cooperativa, los actos de ésta no pueden ser registrados. Esto implica que sus decisiones carecen de valor legal, con lo que sus socios quedan en estado de indefensión total. La causa se titula cooperativa de Vivienda San Telmo contra INAES s/ amparo.
VARIAS CAUSAS
Además del expediente que se tramita en el juzgado de Zuleta, existen otras causas vinculadas al ex PADELAI.
– Causa por la restitución del edificio. Es para que se declare la ilegalidad del decreto Nº 49, por el que Ibarra ordenó el desalojo. Es una cuestión de fondo, debido a que lo que aquí se cuestiona es su legalidad por las pericias que lo antecedieron. Se tramita en el juzgado 3, secretaría 6, del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario. El magistrado a cargo es el juez Treacy. Los abogados de la Cooperativa presentaron en este juzgado un estudio realizado por la Gendarmería Nacional, que contradice los resultados de las pericias que motivaron el desalojo. También hicieron saber al juez que el 20 de marzo la Cooperativa se reorganizó y nombró a un nuevo Consejo de Administración. Este segundo hecho garantiza la existencia de la entidad, cuyas acciones desde hace casi tres años no pueden registradas en el INAES debido al robo de los libros de actas. El título del expediente es Cooperativa San Telmo c/ GCBA s/ ilegalidad del decreto 49.
– Causa penal contra el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra; la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela González Gass; la titular de la Unidad Ejecutora Nº 3, Alicia Vasconcellos; el subsecretario de Gestión Operativa de la Secretaría de Hacienda, Fernando Calvo y el escribano general de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Víctor Gaitán. Se los acusa de falsedad ideológica y por el incierto destino de 6.000.000 de dólares destinados a la operatoria de reubicación de los vecinos del ex PADELAI, dictaminada en franca contradicción con la normativa vigente, que establecía el reciclado del edificio y no su desmantelamiento. Se pide la restitución del edificio a sus propietario y se cuestionan las pericias realizadas para determinar el desalojo. Sobre todo, una que ordenó Zuleta y que fue la que motivó que éste levantara la medida cautelar que impedía la expulsión de los vecinos. La misma contradijo un estudio anterior ordenado por el juez Gallardo -que había decidido "no innovar"- aunque se realizó con el mismo cuerpo de bomberos. Allí también se remitieron las pericias que posteriormente realizó Gendarmería y que dictaminaron la ausencia peligro de derrumbe en el edificio comprendido entre Balcarce y San Juan. El expediente recayó en el juzgado Nacional de Instrucción Nº 16, a cargo de Marcelo Layus.
El juez entendió que la cooperativa no puede presentarse porque no tiene elementos que acrediten personería, ya que no hay libros de actas de sus asambleas. Ahora la causa está en Cámara. Hay un dictamen de fiscalía que asegura que los nombres de los los 27 asistentes a la asamblea en la que se reorganizó la cooperativa 11 concuerdan con el acta constitutiva de la misma, integrada en 1990 por 41 miembros. Y que dos suscribieron el convenio con Carlos Grosso. Los otros asistentes a la reconstitución de la Comisión Directiva habían sido incorporados a la cooperativa en la asamblea del 17 de agosto de 1991. Dentro del mismo expediente se investiga el informe del ingeniero Gonella, quien comandó un estudio realizado por la Facultad de Ingeniería de la UBA en el que se basó el Gobierno de la Ciudad para ordenar la demolición del edificio. La Fiscalía Correccional Nº 8 investiga una supuesta violación de domicilio para realizar el estudio.
– Causa por la sustracción de los libros en el INAES y la negativa del organismo en proporcionar de los nuevos libros de actas. Recayó en el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 2 de Jorge Ballesteros, quien se declaró incompetente. Por ser una cooperativa la querellante, la Justicia consideró que un amparo de esta naturaleza debe hacerse en sede comercial.
– Causa contra Zuleta por prevaricato. Se tramitó en la Fiscalía Correccional Nº 9. Los abogados de los desalojados entendían que Zuleta contradijo las mismas normas de procedimiento que impuso para la causa, cuando ordenó el peritaje -con el consiguiente allanamiento del edificio- sin avisar a las partes. La presentación fue desestimada por la fiscalía.
