“Estamos de acuerdo con que hace falta regular las plataformas de delivery para que cumplan requisitos de habilitación y garanticen mecanismos de defensa al consumidor. Pero no vamos a acompañar una ley que atente contra los derechos de los trabajadores y lamentablemente el proyecto del oficialismo porteño no hace más que legitimar precisamente el fraude laboral con que operan hoy las apps. El proyecto está hecho a medida de las plataformas, relajando requisitos e imponiendo cargas sobre los repartidores”, expresó la legisladora, Lucía Cámpora.
Frente al proyecto del oficialismo, el FdT impulsó en la comisión en que se trató el tema, un despacho de minoría que fue firmado por los legisladores Santiago oberto, Lucía Cámpora, Cecilia Segura y Manuel Socias.
Los legisladores del FdT pidieron que se archive el proyecto del oficialismo para seguir debatiendo el tema.
Al referirse a la cuestión el legislador Santiago Roberto manifestó: “Es primordial establecer por ley la obligación de que las aplicaciones (app) de delivery le brinden a sus trabajadores y trabajadoras los elementos necesarios para la protección de su salud, ya que están muy expuestos al coronavirus”
“Además, los trabajadores de estas plataformas digitales realizan una tarea esencial en tiempos de cuarentena y las empresas que los contratan aprovechan la emergencia para aumentar sus ganancias, en detrimento de los trabajadores a quienes les pagan miserias y no les dan ninguna ART”, agregó.
Y continuó diciendo: “Por eso, por un lado, es fundamental que se regulen las comisiones abusivas que les cobran las APPs a los comercios que venden a través de ellas y por el otro, mejorar los pagos y las condiciones laborales a las y los repartidores”.
Santiago Roberto concluyó criticando el proyecto de Vamos Juntos. “Distinto es el proyecto que impulsa el oficialismo porque considero que esta es una ley que va mas allá de regular solamente el código de transito que es como está planteado. Entonces, es fundamental tomarnos el tiempo suficiente para poder debatir este proyecto que solo busca favorecer a las empresas y no protege a los más vulnerables que son los comercios, las y los trabajadores y las y los usuarios que sufren las prácticas abusivas de estas plataformas”.