Gustavo Menna es diputado nacional de la UCR y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Representante de la provincia de Chubut, reclamó al Gobierno un diálogo orientado a acciones “concretas” y medidas para reactivar las economías regionales, en medio de la crisis derivada de la pandemia.
¿C ómo evalúa la convocatoria del Gobierno a un diálogo con la oposición?
El diálogo siempre es bueno, porque estamos en un sistema democrático y quienes pensamos distinto no podemos ser percibidos como enemigos. Habrá que verlo caminar, porque a veces se usa la foto como recurso, y lo importante son las actitudes. Es un momento difícil, complejo para gobernar. Pero ha habido algunos tramos en los que el Gobierno ha tenido una actitud avasallante, con un exceso de gobernanza por decreto, con un cierto tono de tensión con sectores de la sociedad civil, del periodismo y de la oposición.
¿En qué medidas vio esta actitud avasallante?
En iniciativas que no se entendieron en este contexto, como la prórroga del congelamiento de la fórmula jubilatoria, o la intentona de estatizar Vicentín. Que por otro lado, no fue sólo una intentona, sino que tuvo una parte concreta, que fue la intervención en una empresa privada. También el hecho de que el jefe de Gabinete haya incumplido por meses con su obligación de presentarse al Congreso para rendir informes. Además del exceso de DNU que no se justifican. Esperemos que haya una revisión de todo esto y que realmente se apueste a un diálogo institucional más fluido.
¿Por qué el Pro quiso evitar que participaran otros partidos en la reunión?
No es dejar de lado. Por volumen o posicionamiento, Juntos por el Cambio expresa una oposición. Si ves el desempeño de otros bloques, han acompañado las medidas del Gobierno, con alguna excepción. De hecho, integrantes del sector de Lavagna forman parte del gobierno. Si se habla de diálogo con la oposición, Juntos por el Cambio es la única que tiene presencia en las dos cámaras, tiene volumen y plantea realmente una alternativa a lo que representa el Gobierno. Creo que no puede ser puesto en el mismo plano que el resto cuando se inaugura un diálogo.
¿Cuáles son las cuestiones más urgentes que le plantean al Gobierno?
La situación económica y social se ha deteriorado de modo inédito. No hay registro de estos niveles de caída de actividad e incremento de los índices de desempleo y pobreza. Las economías regionales están muy deterioradas. En mi caso, vengo armando un proyecto de ley de Emergencia Turística. Ese sector tiene la característica de ser muy federal, en todas las provincias tiene entidad. Y está grave, corren riesgo de cerrar el 70 por ciento de los emprendimientos. Estamos hablando de miles de empleados. Y a nivel de las economías regionales hay una situación que se complica. En una provincia como Chubut, dependiente del petróleo, la caída de los precios y la demanda afecta a las regalías del Estado provincial.
¿Cómo ve a la Justicia en la Argentina?
Cuando se habla Justicia no está bueno generalizar, porque nuestro país no tiene un Poder Judicial, sino 25. No es lo mismo el de una provincia que el de otra. La Justicia Federal es la que tiene muchos reproches y con mucho fundamento. Sobre todo, la penal federal de la Capital Federal, que ha tenido un vínculo excesivamente vinculado a la política. El diseño de la Justicia Federal, en los 90, se empezó a deteriorar, cuando se amplió la Corte a 9 miembros, se amplió el número de juzgados. No es una justicia que tenga un buen desempeño. Desde la eficacia, porque una causa por corrupción, en promedio, demanda 14 años. Y por otro lado, cuando emitimos deuda pública bajo ley extranjera, pasamos una humillación como Estado soberano. Creo que esa es la prueba más evidente de que estamos mal. En esto tiene una gran responsabilidad el PJ, que es quien más años ha gobernado este país. Fueron sus presidentes quienes designaron a la mayor parte de los jueces nacionales y federales. De cada tres jueces, dos han sido designados o por Menem o Cristina, o Duhalde.
¿Está de acuerdo con una reforma judicial?
Es obvio que hay que mejorar el sistema. Un elemento de mejora es el nuevo código, que ya está hecho. Pero hay que mejorar leyes orgánicas, mejorar leyes de subrogancia, los sistemas de designacion y remoción, para hacerlos más ágiles. El gobierno habla de reforma judicial, pero no concretó un proyecto, no sabemos de qué hablamos. Si la reforma pasa por reeditar la llamada “democratización de la Justicia”, no estamos de acuerdo, y obviamente genera toda la prevención y reparo. Porque quienes hablan de reforma judicial son quienes formaron parte de gobiernos que generaron esta situación.