Tras la conmoción que provocó la aparición del video de Cámara Gesell de Nahir Galarza denunciando un ataque sexual cuando tenía 16 años de edad, su defensa inició una batería de acciones legales.
Por un lado en el escrito enviado a la Justicia de Entre Ríos entre sus fundamentos sostiene que el expediente solicitado 5737/14, fue requerido a la fiscalía de la ciudad de Gualeguaychú, pero desde esa, se entregó solo copia digital incompleta y carente de datos, como ser, fue sesgado el informe de Hospital Centenario de fecha 16 de octubre de 2014.
También faltan entrevistas, fojas y escenas del informe de Cámara Gesell realizado por la licenciada en pedagogía Valeria Massuh de la cual no se informó si a la fecha de su entrevista con la menor figuraba como perito matriculada concursada para Cámara Gesell.
Ante esta situación, desde la defensa consideran que “existen y obran apiolados, en el expediente principal” que acusa a Nahir de homicidio calificado”, por haber sido ofrecidos, en prueba documental al momento de contestar la solicitud de la fiscalía de elevación a juicio y obra en Punto 88 de la documental aportada por la defensa.
Sostienen que sin perjuicio de mantenerse, -para ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación las graves y serias faltas al Artículo 4 en lo que refiera al “derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y “el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia”.
Asimismo, denunciaron al periodista Ricardo Canaletti, quien tras ver el video parodió los padecimientos de Nahir junto a su colega Rolando Barbano en el ciclo “Cámara del Crimen” que se emite por la señal TN, cosificando a la adolescente en una gigantografía de cartón a tamaño natural y expresando hacia ella todo tipo de agravios que para la defensa encuadran en misoginia, violencia mediática y abuso simbólico, todo ello dentro de un show televisivo montado con intenciones de “satanización de su perfil” a instancias de la revisión del fallo, a prisión perpetua, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por último, trascendió que la defensa cursó misivas a los titulares del PROTEX (Procuraduría de Trata de Personas) Marcelo Colombo y Alejandra Mángano para que se expidan sobre las declaraciones absurdas del fiscal general de Entre Ríos, Lisandro Beherán sobre que investigó un “rapto”, cuestión que desde hace años se ha transformado en el Código Penal en “Delitos contra la Integridad Sexual de las Mujeres”, y la correspondientes Procuradurías para que informen sobre la irresponsabilidad del fiscal al tergiversar los ilícitos y confundir así a la opinión pública y a los medios de comunicación.