La situación del grupo Vicentín es complicada en lo económico y en lo judicial. El martes, el juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Algodonera Avellaneda S.A., del grupo Vicentin, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en créditos entregados durante el macrismo a la cerealera.
Además de la inhibición de bienes de Algodonera Avellaneda, el juez dispuso la “prohibición de innovar la composición accionaria” de esa misma firma. Y ordenó el levantamiento de “los secretos fiscal, bancario y bursátil” que protegen la confidencialidad de la información de más de una veintena de acusados, incluido el expresidente del Banco Nación Javier González Fraga.
Según La Nación el pedido de inhibición había sido presentado por el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, que pretendía que también fueran inhibidas la firma Vicentin SAIC y 26 personas (todos los directivos y funcionarios que, según su investigación, intervinieron en las operaciones objeto de la causa).
El fiscal Pollicita, que tiene delegada la causa, investiga presuntas maniobras en perjuicio del Estado Nacional a través de un supuesto otorgamiento irregular de préstamos que le permitieron a Vicentin acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, deuda que -según Pollicita- ahora es de “cobro incierto” porque la empresa está en cesación de pagos.