El proyecto de reforma judicial con las modificaciones pedidas por la oposición (y algunas otras oficialistas) ya obtuvo dictamen este jueves, y se tratará en el recinto el próximo jueves 27 con la esperanza de ser finalmente aprobado. El mayor desafío lo tendrá cuando sea tratado en Diputados, donde el oficialismo deberá negociar para conseguir la cantidad de votos suficientes para aprobarlo y convertirlo en ley.
Entre las modificaciones, hay una solicitada por el senador Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén) que consiste en la obligación de que aquellxs jueces y juezas que reciban presiones por parte de medios de comunicación denuncien tales hechos. Con esto, se buscará aprobar la incorporación de un protocolo de actuación de los jueces federales ante el Consejo de la Magistratura en caso de “cualquier intento de influencia” en sus decisiones de poderes “mediáticos”.
Al respecto, el exfuncionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, expuso:
“Acá es necesario hablar explícitamente de los poderes mediáticos, porque hemos visto cómo en los medios de comunicación salían a alentar y a escrachar a distintos funcionarios del Poder Judicial porque no hacían lo que esos medios pretendían con determinada causa”.
?"Esta propuesta que eleva el presidente no va a resolver todos los problemas de la Justicia pero es el inicio para comenzar a solucionarlos con franqueza y sinceridad. Decir que no es oportuno me parece más una excusa", analiza @OscarParrilli
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) August 4, 2020
“Tengo miedo que el clamor público sea el clamor de los medios de comunicación y que en función de eso se tome esto como un hecho de la sociedad, y en realidad no son hechos de la sociedad o reclamos de sectores sociales, sino que hay determinados intereses económicos que utilizan los medios para presionar a los jueces”, agregó el legislador.
Y completó: “Lo más importantes es que cuando se trate de nombrar jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial buscamos hombres probos, honestos, capaces y que no sean presionables o extorsionados, ni que se sometan a ningún poder político o económico de ninguna naturaleza y que nos den a todos, sobre todo cuando no estamos en el Gobierno, la garantía de que nos van a juzgar en base a la ley y a las pruebas”.
En ese sentido, Parrilli argumentó que la Justicia funcionará en la medida en que “se garantice la presunción de inocencia, la garantía del debido proceso, la defensa de un juicio y también que las personas no sean juzgadas por un solo juez, sino que lo hagan varios jueces”.
“Durante los últimos 4 años, al menos, y seguramente mucho antes en la Justicia argentina, estos hechos no ocurrieron para muchos argentinos”, dijo entonces, y deslizó:
“No voy a mencionar los casos personales que me tocaron o los que nos tocaron a la expresidenta Cristina Kirchner y a muchos de los que fuimos sus funcionarios, pero les puedo asegurar que estos principios fueron absolutamente violentados”.
El oficialista refexionó también sobre la crítica de quienes dicen que este no es el momento “oportuno” para debatir estas cuestiones. “La reforma que se planteó en 2017-2018, cuando la Argentina se endeudaba a cifras siderales, cuando se destruían empleos, empresas, la ciencia y a la tecnología, tampoco era entonces oportuno, ¿y por qué el Ejecutivo lo presentó?“, dijo. Y concluyó:
“Decir que no hay oportunidades, me parece más una excusa que una verdadera razón de Estado para opinar o no respecto a una reforma de la Constitución”.
La intervención de Parrilli se produjo durante la primera reunión en el Senado para debatir en comisiones el proyecto de reforma judicial, que contó con la participación de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.