La diputada porteña Alicia Pierini, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, planteó la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia dicte la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas por el Congreso Nacional en 1984.
"Esas leyes no son constitucionales para la Constitución actual. Fueron constitucionales para la Constitución previa a la incorporación de los Tratados Internacionales", manifestó Pierini en un reportaje concedido al sitio web diariojudicial.com.ar .
La ex subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación explicó que cuando se realizó el juicio a las Juntas Militares del Proceso, se utilizó el andamiaje judicial propio del Derecho Penal Común, que resultó insuficiente porque no consideraba los delitos de lesa humanidad, que fueron agregados al sistema jurídico a partir de la reforma constitucional que incorporó tratados internacionales al respecto.
"La Constitución es otra y lo que en su momento fue aparentemente constitucional lo era sobre la base de una construcción que parte de la dogmática penal común, que juzga por homicidios, por secuestros, no juzga por desaparición forzada, y por un sistema del derecho penal que no incorporaba los delitos que hoy consideramos que son delitos de lesa humanidad. A Videla lo han condenado por 19 homicidios en un país donde está verificado que hay diez mil desapariciones y cinco o seis mil cadáveres encontrados", puntualizó Pierini.
Sin embargo, la legisladora aclaró que la inconstitucionalidad de estas leyes no abriría la puerta para el inicio de nuevos juicios penales sobre los responsables de los crímenes. "Hoy entran en juego otros principios garantistas del Derecho Penal. Yo creo que sería un gesto político de Estado importante inconstitucionalizar esas dos leyes aberrantes, sobre todo la de Obediencia Debida. Pero al mismo tiempo esas leyes no reavivan la persecución penal, no producen efectos modificatorios sustanciales porque rige la ley penal más benigna, porque rige y debe regir la seguridad jurídica. No se pueda cambiar cada veinte años y decir ‘todo aquello se borra’ y empezar de nuevo", expresó.
"Lo que nosotros como trabajadores del Derecho tenemos que defender es siempre el sistema de garantías. Que el sistema de garantías beneficie a estos criminales porque no hay retroactividad de la ley penal, porque se aplica la ley mas benigna yo lo siento mucho, pero igual voy a defender ese sistema de garantías. Yo quisiera que se declararan inconstitucionales las dos leyes, porque creo que lo son, pero eso no me hace resucitar las causas ya fenecidas", concluyó la diputada.
