El Gobierno de Axel Kicillof anunció este lunes una nueva prórroga del plazo de vencimiento del canje de deuda bonaerense bajo legislación extranjera por u$s 7.148 millones.
Se trata de la séptima extensión, que lo lleva hasta el 9 de octubre, en pos de avanzar en el diálogo con los tenedores.
“En este período el equipo del Ministerio de Hacienda y Finanzas continuará manteniendo conversaciones con los acreedores privados externos para poder alcanzar un acuerdo acorde con la capacidad de pago de la Provincia y que permita recuperar la sostenibilidad de la deuda pública”, señalaron desde el sitio web de la cartera que conduce Pablo López.
La estrategia avanza en sintonía fina con el Ministerio de Economía nacional y es seguida con lupa por el resto de los gobernadores, ya que marca el pulso de otras reestructuraciones provinciales en avance, con el viento a favor generado por el acuerdo por la deuda nacional por u$s 66.300 millones del 4 de agosto. Con el titular de la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, Rafael Brigo, como hilvanador de consensos, los mandatarios apuestan a conseguir mejores plazos y tasas tras el entendimiento nacional, respecto de un volumen de deuda que involucra unos $ 11 mil millones.
El plazo para adherir al canje bonaerense venció el pasado viernes, y nuevamente la administración provincial, en medio de un fuerte hermetismo en las negociaciones que se mantiene, volvió a estirar el anuncio del próximo paso hasta el lunes siguiente.
La prórroga se da luego de una semana tensa para el Ejecutivo bonaerense, que debió pilotear una dura protesta policial que derivó en anuncios salariales con blindaje financiero de Nación, a partir del traslado de poco más de un punto de coparticipación desde CABA a Buenos Aires.
Es la séptima extensión que aplica en el marco del canje ofertado el pasado 23 de abril, de la mano de todo un proceso hilvanado en sus detalles finos en coordinación con el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán.
La propuesta bonaerense original incluye un período de gracia de 3 años, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensión de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $ 5 mil millones la carga total de la deuda en el período 2020-2030.
Pero luego desde la cartera de López se mostraron dispuestos a consensuar enmiendas, aunque siempre bajo la premisa de la sostenibilidad de la deuda.