Saliera como saliera la orden de desalojo judicial de lo de Guernica, nunca sin consecuencias de todo tipo; hay que decir que las recientes e ininterrumpidas tomas de tierras en la Provincia de Buenos Aires (que nada tienen que ver con las del sur cordillerano y merecen un artículo aparte) no son un fenómeno nuevo, vienen de hace mucho tiempo y se producen a partir de dos insuficiencias graves de Estado que se encadenan y potencian:
Por un lado, tenemos el déficit habitacional bonaerense que mide varios cientos de miles de familias; y por el otro está la inseguridad, con motivo de la falta de recursos humanos y materiales de la policía para resguardar adecuadamente a personas y bienes. Cuestiones que están muy lejos de resolverse, habida cuenta de los anuncios de cada cartera a nivel nacional (previos e inmediatamente posteriores al conflicto con la bonaerense y su ajustada resolución a partir de la injusta e inquietante quita de fondos a CABA), ya que las escalas planteadas están muy por debajo de las mínimamente requeridas.
Tanto las partidas en dinero, como los refuerzos de personal, para mejorar la seguridad en el conurbano; como también las cifras del plan ProCreAr, en materia habitacional, son ridículas si se tiene en cuenta la envergadura de ambas facetas. Sin contar que como dijo la Ministra Frederic antes de cambiar de parecer otra vez “…no se puede poner a un policía en cada una” de las tierras vacías. Más que obvio, primero está que hoy te matan para robarte la bici, el celu, o cualquier otra pavada.
Resumidamente, las tomas arrancan con la población excedente de las villas del AMBA (cualquier parecido con la terminología del capítulo XXIII, tomo 1, de “El Capital” de Karl Marx, referido a la desocupación, no es pura coincidencia). Esas familias quedan “atrapadas” en los brazos de organizaciones mayormente mafiosas, las que se encargan de la coordinación y logística de las ocupaciones; cuyos loteos previos y posteriores hacen a la base del mercado inmobiliario informal de esas zonas, ahora y luego cuando pasen de la categoría de asentamiento a villa. Lo que es mucho peor, porque en ese momento es cuando el negocio se termina de entretejer con las redes de dominación territorial del narcotráfico. Así de fácil.
Lo difícil está en establecer hasta dónde las conducciones de las organizaciones sociales, cuya inmensa mayoría de sus militantes lo hacen honesta y consecuentemente, tienen o no una actitud ambivalente frente a esta dinámica. ¿Causal del match televisivo entre “Súper” Berni (ahora muy devaluado) y el “Chino” Navarro? Desde ya.
Sumado a las imposturas discursivas, que van desde la “mano dura” al “garantismo”, terminamos en la supuesta antinomia entre el aspecto social y el criminal del problema; a la que le dan rienda suelta los distintos sectores del oficialismo y que no hace más que ocultar la falta de una estrategia integral y sostenible en el tiempo que lo resuelva. Con sus correspondientes planes y presupuestos de implementación, porque las dos cuestiones están indisolublemente ligadas.
Sería bueno que en vez de pelearse tanto a través de los medios y de perder el tiempo en relatarnos lo que ya sabemos, los respectivos ministros y secretarios se dediquen a hacer lo que deben hacer, que es para lo que se votó a los respectivos gobiernos de los que forman parte.
Lo cierto es que hacen falta políticas públicas a la medida de las urgentes necesidades de la Sociedad Civil y, por lo tanto, el funcionariado ejecutivo y eficiente que corresponde; ya que opinadores, profesionales y de ocasión, tenemos de sobra.-
*Por Javier Gentilini (politólogo, exdiputado de la Ciudad de Buenos Aires y expresidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña).