La toma de tierras en la provincia de Buenos Aires y en el país despertó todo tipo de respuestas reaccionarias, criminalizadoras, defensoras acérrimas de la propiedad privada. Además, despertó la doble vara de la legalidad, donde el castigo sólo rige para quien no tiene techo. ¿Quiénes son los ocupas privilegiados de Argentina?
La historia no es desconocida, pero sí minimizada intencionalmente. A quien convendría que se enseñe cómo en Argentina Julio Argentino Roca, uno de los “próceres” de estatuas y avenidas ejecutó una masacre genocida contra las comunidades originarias. Decía el coronel Juan Carlos Walther sobre la campaña del “desierto”: “Antes de la campaña subsistían ignominiosas fronteras internas señaladas por las chuzas del salvaje en el linde de ese vasto desierto que moraban”. No difiere mucho de la concepción del “enemigo interno” de Pichetto: “El fundamento de la necesidad es peligroso, te fundamenta cualquier cosa. Podes salir a matar por necesidad, ocupar tierras por necesidad, usar una vivienda desocupada de forma temporal por necesidad”.
Estancieros y terratenientes de aquel entonces se suscribieron y financiaron la campaña, y como resultado de ese exterminio, se repartieron 41 millones de hectáreas entre 1800 personas, con apellidos conocidos: Martínez de Hoz, Anchorena, Unzué, Roca. Pueblos originarios diezmados y grandes oleadas de inmigrantes fueron parte de la mano de obra barata para las industrias crecientes, y por supuesto, parte del capital que ayudó a concentrar aún más la tierra en pocas manos. Con este historial, llegamos al día de hoy.
Desde la expropiación de la segunda mitad del S. XIX a nuestros días hay un hilo de continuidad: la defensa de la gran propiedad capitalista privilegiada y parasitaria del Estado. Con un cambio, la forma extractivista que tomó el capitalismo en los últimos 20 años, que implica deforestación récord para desarrollar agronegocio, apropiación de zonas enteras de la cordillera para megaminería y actividades extractivas, turismo elite en la Patagonia y, como era de esperarse, desplazamiento forzado de comunidades originarias. En la actualidad, casi el 1% de los dueños de las grandes extensiones de tierras maneja el 34% del total del territorio argentino. Y el 99% restante, los otros 2 tercios. Algunos nombres de ocupas de elite, son conocidos: Benetton con 900 mil hectáreas en la Patagonia, Walbrook de Gran Bretaña con 600 mil hectáreas en Mendoza. Heilongjiang Beidahuang de China con 330.000 hectáreas, Elimeir Libersohn de Estados Unidos con 340 mil hectáreas en Rio Negro y La Rioja, y el inglés Lewis con 38 mil hectáreas y apropiado ilegalmente de Lago Escondido. Pero veamos un poco más cerca: en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los ocupas más célebres –y amigo del PRO, vale aclarar- es Eduardo Elsztain, el propietario de IRSA que no deja de cementar torres de lujo, shoppings y todo para especulación en barrios donde vecinos exigen parques verdes. O Clarín, otro ocupa vip que intercambia favores con el gobierno porteño y que hace unos años se robó, literalmente, una calle en el barrio de Barracas. Al parecer, lo ilegal y la criminalidad, sólo corre para quienes no tienen techo.
En la provincia de Buenos Aires, se encuentran ocupadas 4.300 hectáreas por familias pobres. Los predios más grandes se encuentran en Guernica, ya con orden de desalojo, y en Presidente Perón, pero es una realidad que se extiende a nivel nacional. Quizá el intento más vil para deslegitimar el reclamo de una vivienda digna sea el esgrimido por Pichetto y cía., las tomas no son por necesidad, sino por negocio. Hipótesis que encaja con la represión que solicitan como respuesta. Como si dormir bajo cuatro chapas fuera la mejor opción para millones, con qué facilidad criminalizan quienes tienen techo asegurado. El testimonio de Soledad, del Movimiento Teresa Vive, es la más tajante respuesta: “solo quiero un lugar para mis hijos”. Contundente sacudón de realidad.
En el país, hay 4 millones de personas que no tienen casa. A la vez, son 2 millones las viviendas ociosas que existen para especulación inmobiliaria. Casas sin gente, gente sin casas. La respuesta inmediata de funcionarios y políticos tradicionales fue el punitivismo y represión. Les resulta muy fácil hablar de ilegalidades y mano dura cuando no tienen necesidad alguna y, sobre todo, gobiernan para asegurar las tierras de unos pocos, como vimos, ocupas privilegiados. Para las miles de familias sin hogar, resulta urgente declarar la Emergencia Territorial y Habitacional y la creación de un fondo de financiamiento para un plan integral de viviendas populares. No faltan recursos, sobran excusas.
*Por Celeste Fierro, dirigente de izquierda (MST-FIT Unidad).