El caso del espionaje ilegal que se realizó durante el Gobierno de Cambiemos tiene a mal traer a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y a Silvia Majdalini, pero también al propio expresidente Mauricio Macri y a varios de sus colaboradores.
Frente a la complicada situación judicial que tienen esas personas desde un sector de Juntos por el Cambio (JxeC), más específicamente desde la Coalición Cívica de Elisa Carrió le apuntaron a los fiscales del caso.
Los diputados de la CC, Mariana Stillman y Maximiliano Ferraro junto a Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Juan Manuel López denunciaron este martes ante la Procuración General de la Nación a los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes llevan adelante la investigación por espionaje ilegal, que tramita en la justicia de Lomas de Zamora, y pidieron su jury.
Stillman y Ferraro sostuvieron que “a instancia” de los fiscales, “se incorporaron a la causa penal referida, datos personales y privados del expresidente de la Nación, que nada tienen que ver con la investigación.
Según Perfil, la presentación de los legisladores nacionales apunta a la difusión de datos privados del expresidente Mauricio Macri, encontrados en el teléfono de su secretario privado, Darío Nieto, imputado en el caso.
Stillman y Ferraro consideraron que: “la fiscal Incardona y el fiscal Ehyerabide de manera reiterada, han perpetrado abusos y excesos funcionales, han cometido actos que la justicia investiga como posibles ilícitos penales, han afectado el prestigio del Poder Judicial, han incurrido en incompetencia o negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo, cometiendo graves irregularidades en los procedimientos a su cargo, y perpetrando acciones u omisiones que implican alejamiento de la buena conducta que exige la Constitución para el desempeño de la magistratura que invisten”. Al tiempo que agregaron que los funcionarios judiciales “han incurrido en conductas que no sólo podrían ser constitutivas de delitos de acción pública, sino que además, resultan ser graves faltas, irregularidades e ilegalidades que demuestran que deben ser destituidos, por mal desempeño en el cargo”.
En la presentación, por presunto mal desempeño y realizada ante el procurador interino, Eduardo Casal, los legisladores también pidieron varias medidas, entre ellas que se cite a Nieto, y al abogado de este, Gervasio Caviglione Fraga, como testigos.
Para los legisladores, resulta “inexplicable” que los fiscales “hayan tomado la decisión de agregar dicha información, a todas luces irrelevante para la causa y violatoria del más elemental derecho a la intimidad del ex mandatario, como información de relevancia para el expediente”.
Al tiempo que aseguraron que “el obrar abusivo no se detiene allí, en tanto dicha información sensible no sólo fue agregada a la causa, sino que respecto de la misma, los fiscales no tomaron el mínimo resguardo de seguridad y decidieron digitalizada y subirla al sitio web de consulta y gestión de causas, al que tendrían acceso unas 80 personas, entre defensas, querellantes y fiscales. Lo que permitió la filtración de dicha información, que tomó estado público”.
Tras lo cual agregaron que “la naturaleza y gravedad de los hechos denunciados tornan inadmisible la permanencia en el ejercicio de la función de La fiscal Incardona y el fiscal Ehyerabide, no sólo por el riesgo cierto de comisión de nuevas conductas ilegales por su parte, sino porque también existe riesgo de afectación de la prueba a obtenerse en las causas conexas referidas”.
La información a la que se refieren los diputados de la Coalición Cívica estaba archivada en el teléfono de Nieto e incluye documentación como los números de teléfonos personales y laborales; la dirección de su oficina y domicilio particular; la dirección de correo electrónico; su usuario y contraseña de Facebook; su usuario y contraseña de Mercado Libre; el número de CUIT y clave fiscal; y hasta el número de tarjeta de crédito del expresidente.