La exdiputada Elisa Carrió junto a diputados Nacionales por la Coalición Cívica denuncian al gobierno de Alberto Fernández ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por “sincronizadas maniobras tendientes a desmantelar todo el esquema institucional de controles con el único propósito de consagrar impunidad de la expresidente, Cristina Fernández de Kirchner, y un número considerables de exfuncionarios, sometidos a procesos judiciales en estado procesal avanzado”, según describe la Coalición a través de un comunicado.
Además, advierten el peligro de incluir, en una eventual reforma judicial, el traspaso de la UIF a la órbita del Ministerio Público Fiscal, quebrantando todos los estándares internacionales recomendados por el GAFI.
«Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma judicial»
La extensa exposición destaca las incompatibilidades y vinculaciones partidarias, de la actual conducción del organismo con el poder ejecutivo, y la de estos, con quienes integran el consejo consultivo de una eventual reforma judicial; destacando que la trama de esa orfebrería de “nueva” institucionalidad, alcanza a las actuales autoridades de la oficina anticorrupción y la persecución del actual procurador general de la Nación.
La consagración de este nuevo esquema, derrumba los mecanismos de control cruzados y su independencia operativa, para situarlos bajo la influencia y contralor de la ex presidente y el actual, quienes carecerán de contrapesos institucionales para la limitación de ese poder.
