La toma de las tierras situadas en la localidad de Guernica, un nombre que alude a la ciudad sagrada de los vascos, masacrada en 1937 por la aviación alemana, fue en realidad una superposición de historias en capas, que ocultan las miserias cotidianas que coexisten en el conurbano.
La toma fue motorizada por algunos movimientos sociales que responden a la conducción del Partido Obrero, a Izquierda Unida y a Pan y Rosas, una organización feminista ligada al Partido de Trabajadores Socialistas. Pero esto es sólo una fachada, porque la verdadera razón de la presencia en esas tierras de tantos olvidados de la tierra (precisamente) es la miseria, el hacinamiento y la explotación. Ésta es la primera capa histórica. Las promesas de los organizadores hacia los okupas de que se podrían quedar en el terreno –que no podrían haber cumplido de ninguna manera- casi no tienen relevancia en esta ocasión. Y esto nos lleva a la segunda capa.
Esta capa tiene que ver con la ausencia del Estado, que también está relacionada con la primera. Esta prescindencia permite, en primer término, la inexistencia de los derechos. Hoy casi no se ejercen en esta franja de la Argentina ni el derecho a la vivienda, ni los derechos de la niñez, ni el derecho a una vida digna, ni el derecho a un salario digno, ni el derecho a la libertad, ni el derecho a la educación, ni el derecho de ciudadanía y, como se vio en Guernica, tampoco está en vigencia el derecho a no ser asustado, reprimido, gaseado y despojado por la “policía brava”, dirigida por un fiscal que se toma selfies mientras expulsan, una vez más, a los más pobres.
En resumen, ante una sumatoria de derechos no respetados, apelar a la Guardia de Infantería para resolver el conflicto que se origina por esas mismas carencias es casi un crimen de lesa humanidad.
La tercera capa tiene que ver con la presencia del Estado, pero en esta ocasión por razones delictivas. Hay algunos negocios de los barones del conurbano, que implican negociar tierras como si no existiera la ley. La intendenta del municipio de Presidente Perón, Blanca Cantero, es la esposa del secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y cotitular de la conducción de la CGT, Carlos Acuña. Ella, desde el primer momento, instruyó a sus funcionarios y empleados para que sabotearan cualquier posibilidad para ayudar a encontrar una solución negociada y que la desocupación de las tierras se realizara por la vía pacífica, sin incidentes.
La última capa, en esta arbitraria descripción, ya que hay quienes podrían encontrar otras, tiene que ver con la construcción de la realidad. Los medios de comunicación más adinerados calificaron desde el primer momento a los ocupantes del terreno como “delincuentes”, sin reparar en otros casos similares de ocupación de tierras que, como afectarían el prestigio de algunos grandes empresarios, no aparecen ni en sus pantallas, ni en sus micrófonos, ni en sus primeras planas.
Sin casa, sin documentos
La intendenta de Presidente Perón alardeaba de que su municipio iba a ser “tierra de countries”, lo que dio paso a una desenfrenada especulación inmobiliaria. En este camino, la tierra que fue ocupada por sus vecinos estaba destinada para la construcción de un country. Por esa razón, el terreno estaba a punto de ser rezonificado por el Concejo Deliberante. Es decir, iba a ser a modificada su zonificación en el Plan Urbano, porque la actual no permite la construcción de ese tipo de plantas urbanas.
Los trabajadores del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que responden a Andrés “Cuervo” Larroque, llegaron enseguida de la toma, con el fin de evitar que el conflicto pasara a mayores. Censaron a los ocupantes de los terrenos, censaron sus necesidades y finalmente se alquiló un terreno y se montaron carpas estructurales para albergar a la gente que iba firmando los acuerdos –cada uno de ellos se llevó un documento firmado por el ministro- para abandonar predio que habían ocupado. Como era necesario dar una respuesta para los que se iban, se montaron servicios de agua caliente, duchas, luz y conectividad a Internet, para que los chicos se conectaran y pudieran sostener la educación a distancia que es la modalidad en la que se dictan las clases en estos días de pandemia. Todavía siguen allí al momento de publicarse Noticias Urbanas.
Además, el Ministerio proporcionó colchones y comida. Junto con ellos, asistieron a los pobladores –casi todos residían en los alrededores de la zona- personal de Niñez y Adolescencia y del Ministerio de la Mujer, porque fueron detectados muchos casos de violencia de género.
Ante la negativa de ayuda por parte de la intendenta Cantero, el intendente del vecino distrito de San Vicente, Nicolás Mantegazza, debió reemplazarla proporcionando solidariamente un camión de piedra para mejorar alguna calle que estaba intransitable.
Pero durante la labor de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad fue posible detectar algunas otras carencias, que son comunes a muchos otros habitantes de Presidente Perón.
La primera fue la carencia de documentación personal identificatoria. Al montar una central para atención de los pobladores en cercanías del edificio municipal, comenzaron a llegar los vecinos ajenos a la toma pidiendo que les confeccionaran documentación a ellos también, ya que esto no se hace en el municipio.
En realidad, la presión por el operativo policial no provenía del fiscal, sino de los “desarrolladores urbanos” a cuyo nombre figuran los terrenos, que los vecinos de Presidente Perón aseguran son testaferros de algunos hombres poderosos de la política zonal.
Paralelamente, comenzó a notarse también la falta de vivienda, ya que uno de los pedidos más frecuentes que recogieron los trabajadores provinciales fue precisamente, el de planes de vivienda.
El día anterior al del desalojo –que se realizó el 30 de octubre, cuando se cumplía el 37° aniversario del comienzo de la democracia-, el propio ministro de Seguridad, Sergio Berni, se reunió con el juez que instruía el sumario de la toma, Martín Rizzo y le solicitó que demorara la desocupación, pero el magistrado le contestó que el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta le había pedido el desalojo, que se concretó en horas de la madrugada.
En realidad, la presión por el operativo policial no provenía del fiscal, sino de los “desarrolladores urbanos” a cuyo nombre figuran los terrenos, que los vecinos de Presidente Perón aseguran son testaferros de algunos hombres poderosos de la política zonal. La prueba es que hay otros terrenos tomados en la zona, pero allí no hay operativos de desalojo planeados.
Actualmente, al momento de ser escrita esta crónica, el ministro Larroque sigue asistiendo casi a diario al predio en el que se alojan los refugiados, con el ánimo de resolver los problemas que fueron planteados.