Las periodistas latinoamericanas cada vez son más atacadas en redes sociales con mensajes que ponen en duda su capacidad intelectual, que las descalifican por sus características físicas, con insultos de connotación sexual y con una mayor carga discriminatoria personal y profesional en comparación con sus colegas varones.
Esta es una de las principales conclusiones de ‘Ser periodista en Twitter. Violencia de Género Digital en América Latina’, una investigación que fue coordinada por Lina Cuéllar, de la organización Sentiido (Colombia), y Sandra Chaher, de Comunicación para la Igualdad (Argentina), quienes contaron con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para diagnosticar la violencia digital de género en Argentina, Colombia, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
Las 132 páginas del informe revelan el predominio de los términos sexistas, las recurrentes menciones a una supuesta falta de capacidad intelectual, descalificaciones al físico y agresiones repetidas si defienden ideas feministas. A diferencia de los varones, los ataques se basan, sobre todo, en el género.
El estudio explica que la violencia digital de género es un fenómeno relativamente nuevo pero que adquirió una dimensión diferente en los últimos años, en particular a partir del desarrollo de las redes sociales, y está afectando derechos como la libertad de expresión, ya que las agresiones provocan que las periodistas suspendan o limiten su participación en el debate público.
Durante 2019 y 2020 @ComunicaIgual y @Sentiido
con el apoyo de @unescomvdo desarrollamos una investigación sobre violencia de género digital en 7 países en América Latina. 28 entrevistas a mujeres y varones. 70 cuentas de twitter analizadas ¿Qué encontramos? 🤔👇— Comunicar Igualdad (@ComunicaIgual) November 11, 2020
Para detectar las diferencias en el trato por género, la investigación incluyó a un 75 % de periodistas mujeres y a un 25 % de varones. En general, ambos son atacados más por sus opiniones que por sus notas; más por sus ideas políticas que por su desempeño profesional.
El 68 % de las y los entrevistados denunciaron que vieron afectado su derecho a la libertad de expresión a partir de los ataques, mientras que el 75 % recibió agresiones y amenazas en canales externos a Twitter, muchas veces de manera personal, y en el 86 % de los casos los medios no brindaron entrenamiento previo para enfrentar ataques digitales.
“La cobertura de manifestaciones vinculadas a la agenda de género y la expresión de posiciones favorables a la misma, particularmente hacia la legalización del aborto, son una razón extra por las que son atacadas las periodistas mujeres”, señala el documento.
El informe resalta las evidencias que demuestran que muchos de los ataques son coordinados, en particular cuando las periodistas critican a los poderes de turno.
“La violencia de género en línea es uno de los temas que más preocupaciones ha despertado en los últimos años tanto en el activismo feminista como en los organismos de derechos humanos. Se observa cómo la violencia estructural de género que atraviesa nuestras sociedades se extiende en Internet, en particular en las redes sociales, y con dimensiones específicas”, añade.
La violencia digital de género sobrepasa a las periodistas y se extiende al resto de las mujeres sin importar oficio o profesión.
Un informe reciente de Naciones Unidas reveló que el 23 % de las mujeres manifestó haber sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida, y que una de cada 10 mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia en línea desde los 15 años de edad.
Sobre el tipo de violencia que reciben, se trata de amenazas en línea, generalmente de carácter misógino, a menudo de índole sexual y específicamente relacionadas con el género.
Otro estudio de Amnistía Internacional, publicado en 2018, descubrió que el 41 % de las usuarias de redes sociales sintió, por lo menos en una ocasión, que su integridad física estaba en riesgo.
La Relatora Especial sobre la Violencia hacia las Mujeres de Naciones Unidas, por su parte, clasificó las agresiones en sextorsión (amenaza de difundir fotografías intimas de la víctima para extorsionarla, obtener más imágenes o mantener relaciones sexuales con la víctima), pornovenganza (difusión en línea no consensuada de imágenes íntimas obtenidas con o sin el consentimiento de la persona, con el propósito de avergonzar, estigmatizar o perjudicar) y doxing (publicación de información privada con intención dolosa, normalmente insinuando que la víctima está ofreciendo servicios sexuales).
A ello se suman el troleo (publicación de mensajes, imágenes o videos y creación de etiquetas con el objeto de molestar, provocar o incitar a la violencia), el hostigamiento criminal (acoso reiterado, perpetrado por medio de teléfonos móviles o aplicaciones de mensajería, en forma de llamadas de broma o conversaciones privadas) y el acoso sexual en línea (toda forma de conducta verbal o no verbal indeseada de naturaleza sexual que tiene por objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la persona y en particular crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo).