Fue una de las iniciativas que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta impulsó desde el ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a cargo de María Migliore y que estaba orientado a los sectores más vulnerables. Esa iniciativa logró algo que sucede pocas veces, que la oposición y el oficialismo la apoyaran. De esa manera, los legisladores sancionaron este jueves la Ley de Economía Social, que promueve la interacción entre unidades productivas de personas, grupos o sectores de mayor vulnerabilidad.
Los tres principales bloques de la Legislatura, Vamos Juntos (VJ), UCR Evolución y el Frente de Todos (FdT) votaron a favor.
“Es una iniciativa muy importante en tanto orienta una política publica que pretende profundizar la integración del tejido social y económico de la Ciudad.
Se articulan recursos privados y públicos para que el Estado de la Ciudad promueva beneficios para los actores de la economía social”, dijo el legislador radical Marcelo Guouman y agregó: “Promover el desarrollo local, la generación y sostenibilidad de puestos de trabajo autogestivos y el acceso a nuevos mercados de las Unidades Productivas de la Economía Social de la Ciudad”, es el primer precepto de la ley aprobada.
Por su parte, el legislador del FdT, Santiago Roberto, señaló: “Celebramos la sanción de esta ley ya que era un reclamo que le veníamos haciendo al gobierno porteño para que tome medidas concretas para ayudar a los sectores de la economía popular que fueron muy golpeados por la pandemia. Pero también creemos que hay algunos aspectos de la ley que hay que mejorar como incorporar en el Comité Ejecutivo a integrantes de empresas recuperadas, cooperativas, federaciones y confederaciones del sector. Esta ley es un avance importante para la economía social y popular que desde hace años viene sosteniendo a muchísimas familias que han hecho una elección por lo colectivo y por los principios solidarios y por eso es necesario y urgente que el Estado genere políticas públicas activas hacia el sector y que se los vea como un sector productivo que puede aportar mucho a la economía de la ciudad”.
Había varias iniciativas al respecto, del Frente de Todos; de la UCR, que hizo suya la propuesta de un particular, y de la Jefatura de Gobierno. Primó el proyecto oficialista, discutido y despachado en las comisiones de Desarrollo Económico (preside Marcelo Guouman – UCR), de Promoción e Integración Social (Lorena Pokoik – FdT) y de Presupuesto (Claudio Romero – VJ).
Se crea un registro de estas Unidades Productivas y se consignan “criterios que tiendan a alcanzar la igualdad en el acceso a herramientas financieras, crediticias y de asistencia técnica para disminuir las brechas económicas y sociales entre las y los ciudadanos”.
El texto toma en cuenta la “perspectiva de género” para el “empoderamiento económico de las mujeres, personas trans y/o disidencias”; la inclusión de personas con discapacidades y la importancia del impacto ambiental.
La “Unidad Productiva” es definida como persona o colectivo de personas que realicen “actividades de interés económico y social, produciendo bienes o servicios en busca de satisfacer sus necesidades, con miras a su inserción en el mercado formal laboral o comercial con baja escala de capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo”.
Se busca favorecer a estos trabajadores con exenciones impositivas, políticas de fomento del crédito a través de programas del Banco Ciudad y la constitución de un fondo fiduciario con aportes públicos y privados para “mejorar, ampliar o garantizar la producción u obtención de los productos o servicios vinculados a su actividad”.
Podrán participar asociaciones sin fines de lucro, asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, fundaciones, sociedades, siempre que “tengan experiencia acreditable en el otorgamiento de créditos y mesocréditos, brinden capacitación y/o asistencia técnica” a las unidades productivas.
La autoridad de aplicación será definida por el Poder Ejecutivo en la reglamentación del articulado de esta nueva ley.
Agricultura urbana
Una ley sancionada este jueves “tiene por objeto la promoción y difusión de las prácticas de agricultura urbana en la Ciudad, con el fin de favorecer hábitos de nutrición saludables, cuidar el ambiente y diversificar la producción y el consumo de alimentos con métodos sostenibles a través de la participación ciudadana.”
El texto legal define los conceptos de agroecología urbana, huerta urbana, huerta pública comunitaria, huerta privada, compostaje; todas “formas alternativas de consumo y producción de alimentos que generen menor impacto en el ambiente”.
Se encomienda a la Jefatura de Gobierno -a través de la autoridad de aplicación- “elaborar campañas de difusión para promocionar los beneficios que brinda el desarrollo de la actividad de agricultura urbana”, además de brindar soporte técnico para su práctica sostenida, celebrar convenios con organizaciones, universidades, organismos, centros de investigación y capacitar a los habitantes a través de talleres.
“El Poder Ejecutivo podrá relevar los terrenos de dominio público o privado que se encuentren total o parcialmente ociosos, a fin de ser destinados al otorgamiento de permisos de uso para el emplazamiento de huertas de gestión pública-comunitaria”.
Sistema de Compensación Ecológica
Con despacho de las comisiones de Ambiente (Mercedes De Las Casas – VJ) y de Presupuesto, se aprobó la creación del Sistema de Compensación Ecológico (SI.CO.ECO), sobre reciclado, separación en origen, reducción de residuos sólidos urbanos, y promoción de la economía circular.
El sistema incentiva la recuperación de materiales definidos por la Autoridad de Aplicación (Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana) mediante una compensación que se hará efectiva a través del otorgamiento de beneficios (entradas a obras de teatro, proyecciones cinematográficas, espectáculos musicales y de danza, museos, pasajes del bus turístico, visitas guiadas, descuentos en librerías, etc.)
Por otra parte también se sancionó la ley de “capacitación y formación integral en materia ambiental y desarrollo sostenible para los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La forma y modo en que se dictarán los cursos será definida por vía reglamentaria.
Fomentar la competencia en las contrataciones
A propuesta de los diputados Hernán Reyes, Claudio Cingolani, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero y Lucía Romano (VJ) y con dictamen de la comisión de Presupuesto, se votó favorablemente una ley que tiene el objetivo de “velar por la libertad de elección, la libre concurrencia en los procesos de selección a partir de la remoción de barreras de entrada, la no cartelización y la adopción de políticas pro-competitivas”.
Refiere a las formas de elección de sus contratantes que tiene el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Insta a “promover estrategias públicas para fomentar la convocatoria de nuevos proveedores”, la innovación tecnológica en los procesos y reclama “modificaciones normativas a los efectos de promover una mayor participación y concurrencia de empresas en el mercado”. También manda a trabajar “ en la detección de conductas anticompetitivas en procesos de selección públicos”.
