El Bloque Justicialista de la Legislatura porteña salió a respaldar la solicitud de investigación de una posible comisión de delitos en el Consejo de la Magistratura, que efectuó la diputada Alicia Pierini (PJ) ante la Procuración General de la Nación (VER NOTA RELACIONADA).
El siguiente es el texto que redactó la mesa de conducción del bloque peronista. Lleva la firma de los diputados porteños María Lucila "Pimpi" Colombo (presidenta del bloque), Julio Vitobello, Santiago de Estrada y Eduardo Valdés. En el documento se hace referencia a los presuntos ilícitos mencionados en el escrito de Pierini.
EL BLOQUE JUSTICIALISTA EXIGE UNA PRONTA INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS ANOMALÍAS DENUNCIADAS EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
La mesa de conducción del Bloque Justicialista de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hace también suya la preocupación y solicitud presentada por la diputada Alicia Pierini para que se investiguen las presuntas irregularidades en que habrían incurrido algunos funcionarios del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta la gravedad de las mismas. Entre los hechos denunciados, los diputados que conforman el Bloque justicialista solicitan que se investigue de forma urgente todos los puntos expuestos en el informe de Pierini, entre ellos:
– Las compras y contrataciones realizadas en forma directa, sin que medie tasación del Banco Ciudad, publicación de precios, intermediarios y comisiones. En este sentido, en ninguno de los casos se solicitaron "precios testigos" a organismo nacional o local alguno.
– La constitución de una Auditoría Interna tres años después de la conformación del cuerpo, a pesar de que es una exigencia constitucional para todas las instituciones gubernamentales de la Ciudad que se creen en sus comienzos. Cabe aclarar que se cumplió con este requisito sólo cuando la Legislatura lo pidió.
– Incumplimiento de la ley 572, que obliga a todos los organismos del Estado de la Ciudad a publicar la nómina completa y la remuneración de sus integrantes, como así también la de todo tipo de locaciones. El Consejo de la Magistratura sólo practicó esta norma en forma incompleta seis meses después de publicada esta ley y por pedido expreso de la Legislatura. Los únicos datos publicados fueron los nombres del personal.
– Enriquecimiento ilícito: A los pocos días de asumir, los consejeros se autoeximieron de la retención para el impuesto a las ganancias invocando para ello las normas nacionales. Sin embargo, cabe destacar que en el artículo 110 de la Constitución de la Ciudad se lee claro que los miembros del Poder Judicial "Pagan los impuestos que establece la Legislatura y los aportes previsionales que correspondan como cualquier ciudadano".
– Posible comisión de negocios incompatibles con la función por parte del Sr. Urfeig, quien ostenta el cargo de Director de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial. Según revela una denuncia, el funcionario habría adquirido la concesión, junto a su hermano, de una playa de estacionamiento.
– Usurpación de títulos y honores por parte de Urfeig y de Jorge Luis Suárez, Director del Consejo de la Magistratura. En el caso de este último se hacía llamar Doctor, título que avalaba con su sello personal y en el caso del primero, se lo denominaba contador. Ninguno de los dos tiene título académico alguno.
De acuerdo con lo expuesto, el Bloque Justicialista respalda todas aquellas acciones que tiendan a esclarecer conductas cuando hay puntos oscuros y a la vez solicita que se realicen investigaciones exhaustivas por los cauces institucionales de la Justicia.
Es deber de la política no darle la espalda al reclamo de la sociedad que exige instituciones austeras, eficaces y transparentes, máxime cuando se trata de las que tienen a su cargo la administración del sistema judicial.
PIMPI COLOMBO, JULIO VITOBELLO, SANTIAGO DE ESTRADA y EDUARDO VALDÉS
