Los hombres de Ibarra, alentados quizás por la reunión que mantuvieron ayer con el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos y con el secretario de Seguridad de la Nación, Enrique Mathov, – que aseguró que la Argentina no corre ningún peligro de ataque terrorista, haciendo gala de una seguridad propia de principiantes – se disponen a publicar hoy en la página de Internet del Gobierno porteño (http://www.buenosaires.gov.ar) su proyecto de POLICIA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
El proyecto fue redactado por un grupo de trabajo que encabezó el subsecretario de Seguridad, Eduardo Thölke y que estuvo conformado además por Federico Carballo, Laura Gingold, Roberto González, Juan Marteau, Alberto Montbrun, Mario Vignoli, Rodrigo Lugones, Carina Cunto y Eduardo
Abdala.
Paralelamente, el diputado Fernando Caeiro, presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña y un fiel escudero de De La Rúa, secundado por otro delarruísta, el
vicepresidente 1º del mismo cuerpo, Jorge Enríquez, redactó su propio proyecto que, según fuentes legislativas, sólo consensuaron con los hombres que atienden en las oficinas de Moreno 1550.
Caeiro fogoneó con mucho esfuerzo su proyecto, sabiendo perfectamente que la Ley Cafiero por el momento les prohibía a los porteños – todavía lo hace – tener su propio organismo de seguridad y su propia justicia, entre otros ítems. Por esa razón, el equipo de Thölke desistió de enviar su proyecto a la Legislatura porteña en el mes de junio pasado. El propio subsecretario decía que "esto no es una carrera", en referencia a la esterilidad de una posible competencia entre proyectos que – aunque se aprobaran – sólo servirían para legislar en el vacío.
Los proyectos que presentaron ambos funcionarios – los dos radicales, aunque de líneas enfrentadas – tienen unas pocas coincidencias y bastantes más diferencias. Para comenzar, los hombres del jefe de Gobierno se plantean que esta "fuerza civil armada..""…es una institución que tiene como mandato fundamental la protección y el respeto de las garantías individuales y el Estado de Derecho". En el proyecto de Caeiro, por su parte, el acento está puesto en la "protección y seguridad de las personas y bienes y de auxiliar de la Justicia". Caeiro, en coincidencia con su correligionario, la proyecta como una "institución civil armada".
En cuanto a la definición de las funciones, Caeiro es más específico: la define como una fuerza que debe "prevenir las contravenciones y delitos", "proteger y contribuir a la seguridad de las personas y bienes" expone de una manera casi prosaica. La Ley Thölke, por su parte, plantea casi
las mismas funciones para los uniformados, pero les permite "adoptar otras medidas no contempladas específicamente en los incisos anteriores", abriendo una zona difusa, en la que los propios policías se van a sentir inseguros.
La Ley Thölke – como corresponde a una norma planteada por funcionarios del Poder Ejecutivo – concentra todo el poder de mando en su propia área. El jefe de la fuerza es el jefe de Gobierno, que delega el poder en el subsecretario de Seguridad (es decir, el mismo Thölke). Caeiro, por
contrapartida, es un legislador, por lo que, si bien acepta que el jefe de su Policía Metropolitana debe ser propuesto por el jefe de Gobierno, le exige que sea ratificado por la
Legislatura, previa Audiencia Pública, en la que las instituciones intermedias podrán presentar sus objeciones. Plantea además que el mismo jefe puede ser removido por los legisladores, en el caso de reunir los dos tercios de los votos.
Thölke plantea que el poder estará en manos de su oficina, que promoverá los ascensos, administrará el presupuesto, designará a los jefes y modificará los estamentos organizativos. Por debajo de este funcionario habrá un superintendente General de Policía, que "implementa, coordina y ejecuta las políticas de seguridad fijadas por el subsecretario de Seguridad". Además, estará asistido por dos organismos: el de Asuntos Jurídicos y el de Planificación General y Gestión Sectorial. El superintendente, por su parte, estará asistido por otros dos organismos, Comunicación Social y Relaciones Institucionales.
En su proyecto, Caeiro se mantiene en las cercanías de la actual estructura de los federales, que serán conducidos por una plana mayor integrada por un jefe y un subjefe, acompañados por 14 directores ejecutivos y 6 directores generales. Plantea además que la policía mantenga bajo su
órbita al área de tránsito, que la administración Ibarra quiere recuperar desde hace tiempo para su estructura.
Extrañamente, en su proyecto de ley orgánica, Caeiro plantea que los policías podrán colaborar "con la Justicia Militar", en tanto que se les prohibe terminantemente "infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". También les veda a los hombres de azul el acceso a actos "de indisciplina o corrupción".
Hay un punto en el que ambos proyectos se diferencian seriamente. En el proyecto de Thölke se permite la sindicalización policial, aunque sin derecho a huelga. En este punto Caeiro, que fue más permeable en su propuesta a los miembros de la corporación policial, directamente pasa de
largo sin siquiera echar una mirada sobre el tema.
Otra sustancial diferencia se plantea entre ambos proyectos en el área del escalafón. El proyecto de Caeiro sobrevuela el tema, depositando la responsabilidad de los estamentos superiores, entre el jefe y los Directores Generales, en manos de la Legislatura, mientras que la misma responsabilidad la tendrá el Ejecutivo en los grados inferiores a los Directores Generales. Al no plantear los grados del escalafón, se supone que todo seguirá aproximadamente igual a como está ahora. El proyecto de Thölke plantea – en este campo – un cambio sustancial. Habrá seis grados:
oficial, sargento, inspector, comisario, comisario mayor y comisario general.
Las diferencias se profundizan en este esquema: el personal puede desarrollar toda su carrera en un mismo grado, sin perjuicio de que pueda ser beneficiado con un ascenso extraordinario. Además plantea que la escala salarial irá de los 1200 pesos para el grado mínimo y 7 mil pesos para el
superintendente.
De todos modos, hasta ahora todos los proyectos para terminar con el delito fallaron absolutamente. El delito no se acabará solamente con más policìas en las calles. Las estadísticas – esos números que son una tortura para muchos – se mantienen lejos de los anhelos oficiales, y así seguramente seguirán hasta que se implementen otras medidas que atiendan la cuestión social y que trascienden el despliegue policial.
