El abogado Tomás Pérez Bodria denunció a los cinco integrantes de la Corte Suprema por prevaricato y abuso de autoridad, a raíz de la negativa del cuerpo a tratar el recurso presentado por varios exfuncionarios de Cristina Fernández de Kirchner, lo que hizo que sus condenas quedaran firmes.
Pérez Bodria, que fue concejal en Pilar entre 1985 y 1989, denunció a Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, a los que acusó además de ser los artífices del “lawfare”, un término que designa a las guerras judiciales que suelen desatarse contra los políticos que abandonan el poder en malos términos con las corporaciones económicas.
En realidad, el término “lawfare” no existe en sí mismo. Es una palabra compuesta, derivada del término “warfare”, que significa guerra y la palabra “law”, equivalente a ley. En cuanto a la palabra “prevaricato”, deriva del término del latín “varus”, que denomina al patizambo. Mal presagio.
Entrevistado por Noticias Urbanas, Pérez Bodria afirmó que “estoy esperando que la jueza María Romilda Servini de Cubría –que resultó sorteada en este caso- me cite para ampliar mi denuncia. Quiero agregar al escrito que ya presenté una historia que contó el juez Daniel Rafecas, acerca de una reunión realizada en 2017 entre los jueces de la Corte y los jueces federales de Comodoro Py en la que Lorenzetti les comunicó que podían activar las causas contra los exfuncionarios peronistas, que los supremos iban a avalar todo”.
Luego, el abogado destacó “la disparidad de los parámetros que utilizó la Corte para tratar el caso de Boudou, muy diferente a la que usó para fallar en el caso de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, a los que favorecieron. Esta desigualdad deja en claro que existe la intención de la Corte de desarrollar un embate permanente cuyo onjetivo es ir contra Cristina Fernández de Kirchner y desgastar, mientras tanto al Gobierno”.
Pérez Bodria agregó luego que “la Corte forma parte de una maniobra típica del lawfare, que busca mantener presos en los tiempos del Gobierno popular a los antiguos funcionarios, lo que hace que éste pague por esta razón un alto costo político”.
Pérez Bodria, que fue concejal en Pilar entre 1985 y 1989, denunció a Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, a los que acusó además de ser los artífices del “lawfare”, un término que designa a las guerras judiciales que suelen desatarse contra los políticos que abandonan el poder en malos términos con las corporaciones económicas.
Pérez Bodria opinó además que “esta Corte considera que puede gobernar a través de sus fallos. Claro que esto no empezó ayer, porque los jueces gobiernan para el poder real, que está formado por algunas grandes empresas, la Embajada, los medios de comunicación más masivos y otros factores del poder económico”.
El abogado pilarense consideró que en estos días “se acabó la plancha y que esta denuncia es un antecedente muy fuerte para desenmascarar algunos manejos de la Corte que deberían ser aclarados. Lo que hicieron con la presentación de Amado Boudou, que es un exvicepresidente, es un delito, porque su causa tenía una gran trascendencia institucional. Es un delito”, repitió.
La conclusión de Pérez Bodria no es menos severa. “Los jueces cumplen hoy el rol que cumplieron en el pasado los militares, que es el de garantizar que el poder económico mantenga sus privilegios, a cualquier costo”.
El exconcejal, que forma parte de la conducción del movimiento Primero la Patria, consideró finalmente que “para los cortesanos, cobró una trascendencia vital el salto de instancia planteado por tres jueces subrogantes cuya solución estaba en manos de un tribunal contencioso-administrativo que estaba a punto de pronunciarse en los días en que la Corte tomó el caso y, por el contrario, no hallaron pertinente tomar intervención en un caso de igual o mayor trascendencia, porque involucraba a un exvicepresidente. No hay equivalencia”.
Para peor, Pérez Bodria consideró que el hecho se agrava porque los abogados de Boudou habían presentado una serie de “hechos nuevos”, entre los que se contaba la información de que uno de los testigos principales contra el exvicepresidente en el caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele, fue beneficiado con una importante suma de dinero para construir un hotel boutique en Mendoza, probablemente a cambio de su imputación contra el condenado.
