La pelea entre el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Caram, se profundiza y ya está cobrando las cabezas de algunos funcionarios intermedios que se desempeñan en "territorio enemigo".
El caramista Gastón Aín, que se desempeñaba como director de Justicia y Registros del Gobierno porteño, fue cesanteado la semana pasada por Ibarra. Como contrapartida, en la Legislatura, Rodolfo Fassone, hombre vinculado al legislador del Frente Grande Roque Bellomo, se enteró que, por orden de Caram, este viernes debía dejar su cargo al frente de la Dirección General de Despacho Parlamentario. Aparentemente sería reemplazado por Aín. Consultado al respecto, Bellomo intentó bajarle el tono a la disputa y destacó las cualidades del cesanteado, pero igualmente lamentó el hecho y consideró que se trataba de un acto de "revanchismo" político de parte de Caram.
Fuentes legislativas aseguran que otros funcionarios del Parlamento porteño, que ingresaron por el Frente Grande, estarían en la mira del vicepresidente primero y serían despedidos por cada funcionario de su riñón que fuera apartado del Ejecutivo. La lista negra de la Legislatura estaría encabezada por Héctor Núñez -director general de sistemas informáticos-, seguido por Guillermo Sabatino -director general de gestión financiera- y Oscar López -director de capacitación-.
La disputa entre Ibarra y Caram es de larga data. Primero el jefe de Gobierno no aceptó llevar al dirigente radical como compañero de fórmula en las próximas elecciones. El vicepresidente primero de la Legislatura -mientras continuaba negociando- decidió presentarse por su cuenta y triunfó en las internas de la UCR con casi el 70 por ciento de los votos. Envalentonado, arremetió contra el titular del Poder Ejecutivo con inusitada dureza. La semana pasada publicó una solicitada contra el Gobierno porteño que motivó múltiples respuestas. Una de las más ásperas fue la de su correligionario radical Daniel Bravo, quien, a diferencia de Caram y desde su cercanía con el ARI, defiende la gestión ejecutiva actual, la cual es llevada adelante por la UCR en cuatro secretarías.
