El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires mediante un comunicado de prensa señaló que “ha sido notificado…de la sentencia de primera instancia que hace lugar a lo planteado por esta institución mediante una acción colectiva que impulsa la equiparación salarial de la justicia bonaerense con las jurisdicciones mejor remuneradas del país. En esa sentencia se ordena al Poder Ejecutivo provincial a que proceda a la recomposición salarial de magistrados y funcionarios, con un tope equivalente al 80 por ciento de la remuneración de magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional, y que complete esa recomposición en 5 años como máximo”.
A partir de este fallo el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Axel Kicillof debe disponer el aumento salarial.
Un conjuez de Lomas de Zamora hizo lugar a un amparo presentado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires para que se realice una recomposición salarial en los tribunales provinciales y que los salarios de jueces y funcionarios se acerquen a lo que ganan los que trabajan en la Justicia Nacional. Se dispuso que desde 2022 y en cinco años los sueldos de los magistrados bonaerenses deberán alcanzar un 80% de lo que cobran los que ejercen la magistratura en el Poder Judicial de la Nación.
Es decir que a partir de esta decisión la Provincia de Buenos Aires debe aumentar paulatinamente los salarios de los magistrados y funcionarios judiciales bonaerenses hasta acercarse a lo que ganan los que cumplen funciones similares en la justicia de la Nación. Aunque no está dicha la última palabra porque queda pendiente la apelación de la Fiscalía de Estado Bonaerense.
El fallo firmado por Juan Manuel Álvarez Echagüe, al que accedió Infobae señala que: “Para efectuar la mencionada recomposición se fija como parámetro razonable de comparación las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, con un tope del ochenta por ciento (80%) de dichos salarios federales, la que será efectuada a lo largo de cinco (5) años como máximo, a partir del ejercicio presupuestario 2022, a razón de un diez por ciento (10%) de recomposición real anual hasta alcanzar el objetivo señalado para cada una de las categorías, y considerando que dicho porcentaje deberá ser ajustado, aumentado o reducido, en el año en el que se concrete la recomposición que ordeno realizar. Es claro que el año en el cual se efectivizará la equiparación no puede ser fijado de antemano por esta judicatura, pues dependerá no solo de la variable vinculada con los ajustes salariales en relación con la inflación, sino de la diferencia salarial existente por cada categoría…”.
En la decisión de Álvarez Echagüe se compararon los salarios de jueces de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación y en promedio la brecha es de un 88 por ciento. En los últimos años se agrandó la diferencia porque mientras Nación otorgó aumentos sustantivos, en la Provincia de Buenos Aires fueron más bajos.
El amparo fue presentado ante el incumplimiento de un acuerdo de recomposición salarial pactado desde el año 2016 cuando el gobierno de la Provincia de Buenos Aires estaba en manos de María Eugenia Vidal. Desde entonces los sueldos del Poder Judicial de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires se alejaron de manera tal que hay una enorme diferencia entre ambas jurisdicciones.
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires mediante un comunicado de prensa señaló que en la Provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, los sueldos de los judiciales quedaron retrasados no solo respecto a los de la Nación, sino también a los de otras provincias.
El comunicado en el que se explica el fallo del conjuez Álvarez Echagüe se aclara que: “Se reconoce en el pronunciamiento que las y los magistrados y funcionarios bonaerenses han sufrido un severo y sostenido deterioro de sus salarios en los últimos años, lo que constituye una violación al principio de Intangibilidad de las remuneraciones, que tiene rango Constitucional como parte del sistema republicano de gobierno. La magnitud de la afectación de las remuneraciones es tan importante que Buenos Aires quedó situada entre las provincias con peores salarios judiciales del país, siendo la que recibe la mayor carga de trabajo y tiene los índices más elevados de litigiosidad…”.
