La legisladora del Frente de Todos (FdT), Victoria Montenegro, con el apoyo dey AMMAR -Sindicato de Trabajadorxs Sexualxs de Argentina, presentó un proyecto para derogar el artículo 86 del Código Contravencional de la Ciudad que criminaliza la oferta de servicios sexuales en la vía pública.
En el marco de una conferencia de prensa realizada este lunes al mediodía en el Salón Perón de la Legislatura porteña, Georgina Orellano, titular de AMMAR subrayó que “lo que hace la policía es violencia institucional y es algo que no queremos nunca más en nuestras vidas ni en la cotidianeidad de quienes ejercemos el trabajo sexual. Nos parece que acá tienen que quedar por fuera las posiciones que cada uno y cada una tenga con respecto al trabajo sexual porque nadie puede estar a favor de la violencia institucional. Exigimos la derogación del artículo 86”.
Por su parte, Montenegro, en su carácter de Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura destacó: “Es necesario seguir despertando esta conciencia en cuanto a lo que significa el Código contra la violación de los Derechos Humanos de las trabajadoras sexuales y estamos dispuestas a dar una fuerte pelea dentro de la Legislatura porteña para que se respeten los Derechos Humanos de todas y todos”.
El artículo 86 (ex 81) que se propone derogar establece que “quien ofrece o demanda en forma ostensible servicios de carácter sexual en los espacios públicos no autorizados o fuera de las condiciones en que fuera autorizada la actividad, es sancionado con uno a cinco días de trabajo de utilidad pública o multa de 200 a 400 pesos. En ningún caso procede la contravención en base a apariencia, vestimenta o modales”.
Según el informe “Una mirada hacia la relación entre las fuerzas de seguridad y lxs trabajadorxs sexuales”, realizado por AMMAR y la RedTraSex en el 2016, de 363 trabajadorxs sexuales encuestadas en los barrios de Once, Constitución y Flores, casi un 80% sufrió detención o demora por las fuerzas de seguridad. En ningún caso hubo una causa judicial posterior y la población más afectada fue el colectivo de mujeres travestis y trans migrantes.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes Maru Bielli y Lucía Cámpora, legisladoras de la Ciudad, Alberto Stella, Director de la oficina de ONUSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, Vanina Escales, Coordinadora de la agenda Feminista del CELS y referentes de la Federación Argentina LGBTIQ, ATTTA, el Frente Diversidades y disidencias, el Gondolín, entre otras Organizaciones.
“Lo que planteamos es la derogación del artículo 86 del Código Contravencional y de la Cláusula transitoria concordante que son en definitiva el fundamento que habilita el ejercicio de un poder punitivo que como sabemos es fuertemente selectivo y que se ensaña particularmente con las compañerxs”, dijo Lucía Cámpora
“Sabemos que la pandemia ha evidenciado el recrudecimiento de la violencia institucional sobre las compañeras que están ejerciendo el trabajo sexual y estamos completamente en contra de eso”, expresó Maru Bielli.
Alberto Stella agregó: “Como estos artículos de cierta manera legitiman el trato inhumano, el trato violento y degradante de un ser humano y por tanto el atropello de sus derechos tiene que ser derogado y nosotros vamos a acompañar este proceso”.
Por su parte, Vanina Escales planteó: “Yo me pregunto en qué tipo de ciudad se imagina el artículo 86. Una en la que hay personas deseables y no deseables. Tenemos que pensar una ciudad para todes, una ciudad inclusiva y me parece que desde los Derechos Humanos es indiscutible acompañar la derogación de este artículo”.
En Argentina el trabajo sexual no es un delito, sin embargo, los Códigos Contravencionales y/o de Faltas de 16 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, criminalizan la oferta de servicios sexuales en la calle y habilitan a la policía para vulnerar los derechos de lxs trabajadorxs sexuales.
La criminalización en lo contravencional es una herramienta de control que da lugar a conductas abusivas y discriminatorias, así lo denuncia AMMAR y por eso pide la derogación de estas normativas. Al tener una jerarquía menor, los Códigos Contravencionales, ponen a los agentes policiales en el lugar de juez y parte y su punto de vista es suficiente para considerar que alguien cometió una falta contra “la moral y las buenas costumbres” o “contra la decencia y moralidad públicas”.
Desde esa organización agregaron que más allá de los debates en torno al trabajo sexual, es necesaria la derogación del artículo 86 para ponerle fin a las situaciones de violencia policial como hostigamiento, detenciones arbitrarias, demoras, requisas y pedido de coimas que sufren lxs trabajadorxs sexuales por parte de la policía. También piden que la medida sea acompañada por políticas públicas inclusivas hacia el sector.
