Una “fuga de capitales” se produce cuando las personas locales constituyen activos en el exterior. Para ello, estas personas compran los dólares que les provee el Banco Central y luego los envían al exterior.
Para explicarlo mejor. Un país que no tiene déficit fiscal ni deudas anteriores obtiene un préstamo de un millón de dólares. Entonces, personas locales le compran al Banco Central 600 mil dólares y los giran al exterior. En ese caso, la deuda es de un millón de dólares, pero al país sólo le quedan reservas por 400 mil dólares. Esa diferencia es la fuga de capitales. Si el país necesitara ese millón de dólares, debería tomar otro crédito por 600 mil dólares para compensar esa filtración.
Lo que no se va en lágrimas, se va en dólares
No todo es lo mismo en este mundo. En 1951, la Argentina había pasado de deber 12.500 millones de pesos moneda nacional (m$n) a ser acreedor por un total de 5.000 millones de la misma moneda.
Cuando Juan Domingo Perón fue derrocado, el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu tomó un préstamo de 700 millones de dólares desembolsado por un consorcio de bancos europeos. A Aramburu lo sucedió el radical intransigente Arturo Frondizi, que llevó la deuda a 1.800 millones de la verde moneda, que su sucesor, José María Guido, aumentó hasta los 2.100 millones de la moneda norteamericana.
A Guido lo sucedió el radical del pueblo Arturo Umberto Illia, que logró bajar levemente las obligaciones externas argentinas, dejándolas a su derrocamiento en 1.700 millones de dólares.
Los verdugos de Illia -y de la restringida democracia que regía en nuestro país a causa de la proscripción del peronismo-, encabezados por el general Juan Carlos Onganía, fieles a sus costumbres dictatoriales, volvieron a tomar deuda, que cuando su sucesor, el general Alejandro Agustín Lanusse, abandonó el poder el 25 de mayo de 1973, ascendía a 4.800 millones de dólares.
El 24 de marzo de 1976 se produjo un quiebre que no fue sólo institucional. Los militares aplicaron una política de shock, que no consistió sólo en desaparecer a miles de dirigentes opositores, sino que quebró el modelo económico de sustitución de importaciones y llevó la deuda desde los 7.800 millones de dólares que había dejado el gobierno que lideraba María Estela Martínez de Perón, hasta 45.000 millones de la misma divisa.
Posteriormente, el gobierno del radical Raúl Alfonsín incrementó las obligaciones externas hasta 58.700 millones de dólares, pero el peronista Carlos Menem se calzó la corona de endeudador serial cuando aumentó descontroladamente las obligaciones externas argentinas hasta los 146.219 millones de dólares.
Hacia el año 2001, cuando el presidente radical Fernando de la Rúa debió abandonar precipitadamente la Casa Rosada, la deuda, entre los papelitos de colores que nos legó la Alianza después del Plan Brady, el Megacanje y el Blindaje Financiero, había descendido a 144 mil millones de dólares. Una baja casi irrisoria, después de tantas nubes de humo.
Hacia 2003, se debían 178 mil millones de dólares, que en 2014 se habían convertido en 250 mil millones. Según un informe del Banco JP Morgan, hacia 2015 la Argentina tenía una deuda equivalente al 15,4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), que era una de las más bajas del mundo.
Entre 2016 y 2019, sólo tomando en cuenta la deuda del Estado argentino, las obligaciones externas se dispararon desde los 63.580 millones a los 167.514 millones, siempre de la moneda norteamericana.
No es cierto el argumento de que la deuda que tomó el gobierno de Cambiemos sirvió para pagar vencimientos de los gobiernos anteriores, porque de una deuda pública y privada que sumaba 240.665 millones de dólares se pasó a una de 323.065 millones. Allí hay un desfasaje de 82.400 millones de dólares. En cuanto al déficit heredado, la deuda creció en 48.371 millones de dólares entre 2004 y 2015, algo más de la mitad que la que tomó Macri durante sus años en el poder.
No todo es lo mismo en este mundo. En 1951, la Argentina había pasado de deber 12.500 millones de pesos moneda nacional (m$n) a ser acreedor por un total de 5.000 millones de la misma moneda. Cuando Juan Domingo Perón fue derrocado, el presidente de facto Pedro Eugenio Aramburu tomó un préstamo de 700 millones de dólares, que fue desembolsado por un consorcio de bancos europeos, cambiando el destino del país.
Toccata y fuga: la fiesta del evasor
Entre 2012 y 2015 se fugaron del país 23.347 millones de dólares, pero entre 2016 y 2019 se fugó una suma que casi cuadruplica a la anterior: 88.335 millones de la verde moneda.
Paralelamente, entre 2004 y 2015 la deuda externa pasó de constituir el 118 por ciento del PBI al 52,6 por ciento. En el fin de años 2019, ya había crecido hasta el 90,2 por ciento del PBI.
Más allá de las elucubraciones, que el lector podrá apreciar que hay muchas posibles, Mauricio Macri tomó en 2018 el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, por un total de 50.000 millones. Lo hizo incumpliendo el Artículo 61 de la Ley 24.156, que exige que el Banco Central autorice la toma de crédito público, de acuerdo al impacto que la suma tenga la suma pactada sobre la balanza de pagos.
Para explicar la cíclica crisis argentina, que vuelve a ensañarse con su Pueblo una y otra vez, quizás había que mostrar otra cifra, que hasta el momento no hemos escrito: los argentinos más ricos atesoran 222.807 millones de dólares en el extranjero, en cajas de seguridad y en lo que se denomina genéricamente como el “colchón”. Este dinero equivale a más de la mitad del PBI nacional. A esta cifra se arriba incluyendo los depósitos de los residentes en el país y a lo que se atesora en las cajas de seguridad o en otros lugares. Incluye, asimismo, las operaciones legales en el mercado de cambios.
Pero la Argentina es la Patria del Negro, por lo que nada es lo que parece. Según la consultora Orlando Ferreres, la suma es mucho mayor. Incluyendo el dinero en negro se puede calcular que no son 222.807 millones, sino que la son 400 mil millones los dólares que se fugaron del país.
No habrá justicia aunque aparezca la Justicia
El viernes doce de marzo pasado, la Oficina Anticorrupción presentó una denuncia ante la justicia penal por “defraudación, administración infiel agravada y malversación de caudales públicos”, por la toma de deuda que ejecutó Mauricio Macri, que figura en el expediente junto a su exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a su exministro de Finanzas, Luis Caputo y a los expresidentes del Banco Central, Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris.
La causa cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, cuyo titular subrogante es Marcelo Martínez de Giorgi.
La reseña se refiere al préstamo que otorgó el 20 de junio de 2018 el FMI, que fue destinado “a solventar la formación de activos externos en perjuicio del Estado Argentino y de todo el Pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados”. Luego, la presentación reza que con esos fondos, funcionarios gubernamentales “ejecutaron un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional”.
La oficina cuyo titular es Félix Crous, trajo a colación en la denuncia que el antiguo representante del gobierno estadounidense, Mauricio Claver Carone, expuso ante el Consejo de Relaciones Internacionales de Chile que “la razón no era otra que ayudar a la reelección presidencial del por entonces Presidente de la Nación, Mauricio Macri”.
Crous afirmó, además que para “comprender cabalmente la maniobra es necesario obtener, en el transcurso de la pesquisa, tanto el listado completo de las personas físicas y jurídicas beneficiadas por la maniobra ilícita, así como determinar el tipo de vinculación que pudieran mantener con los funcionarios denunciados”.
Pero las cosas no paran en ese punto. Crous dijo además que “el FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento del empréstito como con el control de su ejecución”, por lo que “no resulta casual sino causal la coincidencia de las sumas, en tanto los USD 44,5 mil millones obtenidos mediante el empréstito con el FMI resultan muy cercanos a los USD 45,1 mil millones fugados por capitales especulativos y los USD 46,1 mil millones de Lebacs emitidos a junio de 2018″.
Finalmente, en la presentación de la OA se denunció que “Mauricio Macri en su carácter de Presidente de la Nación; Nicolás Dujovne, en su rol de Ministro de Hacienda; Luis Andrés Caputo en su doble carácter de Ministro de Finanzas y Presidente del Banco Central; y finalmente Adolfo Sturzenegger y Guido Sandleris como Presidentes del Banco Central de la República Argentina, tenían a su cargo la administración de bienes e intereses pecuniarios ajenos.
A todos ellos se los acusó porque “violaron los deberes a su cargo, incumpliendo la solicitud al Poder Legislativo Nacional de la autorización previa para contraer el empréstito con el FMI (arts. 75 inc. 4 y 7 de la CN), y eludiendo la inclusión del empréstito por el monto correspondiente en la ley de presupuesto (art. 60 de la ley 24.156), omitiendo traducir documentos fundamentales en legal forma (art. 6 de la ley Nº 20.305)”.
El exfiscal, que hasta 2017 fue el titular de la Procuración para Víctimas de la Violencia Institucional (Procuvin) expresó, finalmente, que “creemos que el FMI hizo la vista gorda para otorgar el préstamo más grande de su historia y que no se utilizó para lo que era. Esa deuda se tomó para garantizarles a los especuladores que desarmaran sus posiciones en dólares“.
La Justicia, posiblemente, falle en contra de los denunciados, aunque eso no es seguro. De todos modos, la Justicia que llega tarde es justicia (así, con minúsculas). No hay una vara equivalente entre los acusados pobres y los acusados ricos y poderosos. La democracia es siempre débil ante el capitalismo.
