Mientras los seis integrantes del Consejo de la Magistratura esperan que la Comisión Investigadora presente los casos ante la Sala Acusadora, se podría dar como paradoja que un caso de mucho mayor impacto, por lo que involucró, quede sin resolución. Es muy probable que prescriba la causa por defraudación iniciada contra el ex Consejo de la Magistratura, mientras que el nuevo Consejo que aportó las pruebas está siendo sometido a juicio político.
Al actual Consejo se lo acusa de "que ha nombrado personal en la planta permanente sin concurso alguno; no se tiene conocimiento del sueldo de los consejeros, ya que no han podido dar explicación de cuánto perciben por antigüedad y otros adicionales; que el presupuesto del corriente año finalizará con una subejecución del 17 por ciento, mientras las necesidades de infraestructura y equipamiento de los distintos estamentos judiciales bajo su administración, persisten y se agravan; las licitaciones para refacciones edilicias han fracasado y se desconoce cómo y cuándo se volverán a implementar; no se ha aprobado el reglamento para la selección por concurso de los empleados". Todo esto se disparó a partir de la visita que hicieran las autoridades del Consejo a la Legislatura para que le aprobaran el presupuesto 2005.
Según trascendidos legislativos, cuando la Comisión Investigadora termine su trabajo -probablemente con treinta días de prórroga-, cuatro de los seis consejeros avanzarían hasta la Sala Acusadora mientras que dos de ellos tendrían dictámenes positivos, una especie de falta de mérito. Si bien no puede dar precisiones sobre el resultado que tendrá el proceso de Juicio Político, el presidente de la misma, Marcelo Godoy afirmó: "Tengo la impresión de que va a haber dictámenes recomendando la acusación. No sé si los dictámenes van a alcanzar a los seis consejeros investigados, pero no tengo dudas de que va a haber y que la Sala Acusadora va a tomar muchos de ellos. Estará en manos de la Sala Juzgadora definir el tema. Por las cosas que he estado viendo, veo causales que podrían encuadrarse en la figura del mal desempeño de funciones, vamos a ver si eso deviene en una imputación firme e individual sobre cada uno de los consejeros".
A su vez, según relataron a NOTICIAS URBANAS, en el momento en que la Legislatura avance sobre el actual Consejo iniciarían el camino del juicio político al juez Ricardo Warley "porque ya nos avisaron que los (consejeros) que pierdan ahora prenderán el ventilador sobre la pasada gestión y el juez. Están calientes porque ellos pierden por incumplir ‘boludeces’ y los otros, que están acusados de haberse robado todo, hasta ahora zafaron", afirmó un legislador de la Comisión que prefirió el anonimato.
Hay que recordar que el anterior cuerpo de consejeros está denunciado penalmente por defraudación desde hace tres años y nada ha sucedido hasta el momento. A pesar del tiempo que lleva iniciada la causa, el juez Ricardo Warley ni siquiera indagó a los ex consejeros imputados. A su vez, a los no consejeros que indagó les declaró la falta de mérito, no obstante conocer y enunciar todos los delitos imputados sobre los que no pudieron dar explicaciones.
La Argentina está viviendo tiempos de cambio en la justicia, en el cual hasta un ex legislador de la Ciudad y prestigioso constituyente como Eugenio Zaffaroni, asumió el pasado año como integrante de la Corte Suprema y llueven hoy los pedidos de juicio político desde todos los sectores a distintos magistrados para blanquear un Poder sospechado. Parece un contrasentido histórico en este momento político que haya jueces como Ricardo Warley que lisa y llanamente "cajonean" la causa utilizando medidas inocuas mientras transcurre el tiempo de prescripción.
Esto es lo que ocurre en el expediente caratulado Gauna, Juan Octavio y otros s/Defraudación a la Administración Pública", que lleva el número 23.919/02, y solicita la investigación de una larga serie de presuntos ilícitos que habrían sido cometidos por los seis miembros del Consejo de la Magistratura. También en esta causa están imputados el puntero de la sección 14 de Enrique Mathov, Norberto Urfeig, actual Director de Ejecución Presupuestaria del Consejo y su segundo, Jorge Luis Suárez, quien usurpaba el título de abogado en tarjetas y sellos. Las pruebas las aportaron los consejeros nuevos luego de haber conocido las fundadas denuncias que la doctora Alicia Pierini hoy Defensora del Pueblo de la Ciudad efectuó cuando era legisladora.
Uno de los mayores cuetionamientos del expediente fueron las compras de edificios que realizó la anterior gestión, encabezada por los ex consejeros Juan Octavio Gauna, Gloria Bonatto, Carlos María Cárcova, Norberto Lorenzo, María Luisa Casas de Chamorro Vanasco y Julio Cueto Rúa. Durante sus mandatos, se adquirieron por compra directa y de urgencia dos edificios ubicados en Tacuarí 138 e Hipólito Yrigoyen 932, por los que se pagaron, respectivamente, 2.250.000 dólares y 1.550.000 dólares (más las comisiones, en ambos casos), que hasta la fecha están vacíos y desocupados. Ni hablar de los alquileres que se pagan hasta el día de hoy para poder seguir funcionando casi con hacinamiento, por compras de supuestas "necesidad y urgencia".
Cuando se renovaron las autoridades, éstas se encontraron con un panorama desolador. El inmueble de Yrigoyen fue directamente considerado "inservible" para el funcionamiento del fuero. Y pusieron sus esfuerzos en terminar las refacciones del edificio de Tacuarí 138, cuya historia de la compra merece un párrafo aparte.
Los 2.250.000 dólares que costó el inmueble de Tacuarí fueron pagados íntegramente al contado en el acto de la escrituración. La falta de pedidos de tasación al Banco Ciudad es otra cuestión que se les achaca a los funcionarios judiciales denunciados. La tasación oficial del Banco de la Nación (con un membrete impreso) para recomendar la conveniencia de la compra resultó falsa. El Banco de la Nación informó que los supuestos tasadores consultados por el Consejo para las adquisiciones que realizó, llamados Carlos Chiappe y Valentín Barchielli, no integraban su personal.
Según la información de la Resolución 408/03 del Plenario del actual Consejo (que misteriosamente fue borrada de la página web), las polémicas maniobras tuvieron el siguiente desarrollo. El por entonces director de Ejecución Presupuestaria, Norberto Urfeig, tramitó la compra contando con una sola oferta que no pudo explicar cómo le llegó. El edificio le fue adquirido a una persona llamada Graciela Bastida. Sin embargo, cuando el Consejo aprobó la compra ésta no era la propietaria del inmueble, ya que lo adquirió casi en el mismo instante en que fue vendido al organismo encargado de seleccionar a los jueces.
En escrituras simultáneas realizadas ante la escribanía Terceño, Bastida compró el inmueble en 700.000 dólares a la firma Susalin SACIFIA y acto seguido lo vendió en 2.250.000 dólares al Consejo, es decir a 1.550.000 dólares más.
Esta señora nunca podrá acreditar que por sus manos pasaron tantos miles de dólares, porque en realidad quien asistió a escriturar y firmó en su nombre fue otro testaferro de nombre Sergio Pachano. Hoy Bastida asegura que no hizo un poder ante escribano sino que le llevaron unos papeles que no recuerda y que se los hizo firmar Raúl Bonomi, de quien era empleada.
"Más grave aún resulta esta cuestión -dice la Resolución 408/03- cuando se verifica que la Sra. Bastida, sin ser la dueña del inmueble, designó a un representante para negociar la operación con el Consejo, el Sr. Carlos Chiappe, quien en su primera nota consignó un domicilio falso que corresponde al Paseo La Plaza". Existe un recibo, con la firma de Chiappe, que acredita que cobró la comisión. El documento tiene fecha del 28 de febrero 2000, pero la boleta fue impresa en abril de ese año -dos meses después- y en una imprenta no inscripta en el Registro Fiscal de Imprentas. Este Chiappe es el mismo cuya firma figura como falso tasador del Banco Nación. Actualmente no vive ni en Miami, ni en Cancún ni en las Islas Vírgenes, sino en un geriátrico y está asustado.
En la investigación interna realizada por los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, cuyas constancias se acumularon en los sumarios 121 y 122/03, se constataron casi todas las irregularidades y los vínculos entre Bonomi y Urfeig y demás personajes del ex Consejo. Todas las pruebas fueron entregadas al juez Warley, sin que éste impulsara la investigación.
El tema fue tan escandaloso que hasta el programa televisivo Punto Doc le realizó un informe en su ciclo. El secretario del Consejo de la Magistratura, Carlos María Cárcova, entrevistado por Puntodoc intentó justificar los gastos y la metodología de manera poco convincente, constituyéndose en la voz oficial del descargo de los consejeros, ya que los imputados penales Juan Octavio Gauna, los otros consejeros y Norberto Urfeig se negaron a hablar. El juez también. Ojalá que sea justicia.
