“La canasta aplasta”. Ese es el slogan detrás de los titulares periodísticos sobre los cortes de tránsito en el centro porteño.
Esta semana, ollas populares y cortes de avenidas inundaron la Ciudad de Buenos Aires, pero ese es sólo la punta del iceberg de un plan de lucha que llevarán a cabo las organizaciones sociales, que señalan el desfasaje entre el Salario Mínimo, Vital y Móvil de $21.600 y el valor de la Canasta Básica Familiar que ronda los $54.207.
Aún más, muchos de los trabajadores de estas organizaciones son cooperativistas, cuyos sueldos se mantienen alrededor de los $10.800, razón por la que se organizan para reclamar políticas públicas que puedan salvaguardar a aquellos sectores más relegados.
Este pasado martes 13, FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), Frente Popular Darío Santillán, MTD de Aníbal Verón, Movimiento Resistencia Popular, MTD Oscar Barrios y el MTR por la Democracia Directa se movilizaron a las oficinas del Fondo Monetario Internacional para reclamarle al Gobierno la adopción de otras prioridades en la ejecución del presupuesto nacional.
Separadamente, el Movimiento Popular La Dignidad (perteneciente a la CTEP CABA dentro de la UTEP) realizó ollas populares en puntos estratégicos de la Ciudad. Cada organización tiene formas distintas de manifestarse, pero todas tienen un mismo fin: hacer visibles a los invisibles, beneficiar a los más humildes y llegar a los rincones de la sociedad a los que el Estado no llega.
Ante esta situación, Noticias Urbanas dialogó con diferentes representantes de las organizaciones sociales para explicar qué hay detrás de los piquetes en la Ciudad y qué es lo que se viene en esta materia.
¿Por qué contra el FMI?
Las razones de las manifestaciones contra el acuerdo del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional exceden al desacuerdo con esa decisión política, que tiende a la malinterpretación de los televidentes; se trata en especial de un desacuerdo en el orden de las prioridades que adopta el Gobierno de turno en la ejecución del presupuesto del país.
Nosotros reclamamos que las políticas públicas que hoy tenga el Gobierno estén dirigidas a los sectores más golpeados por esta crisis sanitaria y económica y no al pago de la deuda externa con el Fondo Monetario”, manifestó a Noticias Urbanas Sebastián Zubizarreta, delegado del FOL, alegando que desde este espacio entienden que “se debe suspender urgente” el pago de la deuda y “volcar esos recursos a quienes más lo necesitan”.
“Nos movilizamos a las oficinas del Fondo Monetario para denunciar el saqueo al que somete a nuestro pueblo y para defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Mientras millones nos empobrecemos cada día un poco más, un pequeño grupo de corporaciones y organismos internacionales se enriquecen vertiginosamente”, sentencia un comunicado del FOL al respecto de este tema.
En consonancia con esta declaración, Marina Joski, referente del Movimiento Popular La Dignidad -que se encuentra bajo el ala de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP)-, opinó que “consideramos que el FMI puede esperar, que hay que revisar la deuda, hay que ver si se paga o no, pero en este contexto de pandemia toda la política pública debe estar orientada a la producción y comercialización popular, y a la respuesta sanitaria y alimentaria”.
Plan de lucha a nivel nacional
“Estas 20 ollas populares que realizamos hoy (martes 13 de abril) son sólo la punta del iceberg del plan de lucha que tratamos de llevar a la calle con estrictos protocolos sanitarios y muchos cuidados, para desenredar la trama comunitaria que sostiene una ciudad que permanentemente se mantiene injusta ante los que menos tienen”, sintetizó Joski a Noticias Urbanas.
Es que el crecimiento del desempleo y la pobreza, sumado a la grave crisis económica y sanitaria del país, vuelve urgente y vital el reclamo por mayor asistencia estatal a los sectores más humildes y es por eso también que se profundizarán las medidas de fuerza en la Ciudad.
Mientras desde el FOL y organizaciones afines continuarán con marchas y cortes, desde el MP La Dignidad de la CTEP seguirán haciendo ollas populares.
En todos los casos, igualmente, afirman mantener los protocolos y cuidados necesarios para resguardar la salud. Al respecto, Zubizarreta contó en que las marchas ejecutadas el pasado martes existió distanciamiento entre participantes y participaron “delegaciones chicas”.
Por su parte, Joski aseguró que desde su espacio prefieren no realizar marchas en pos de evitar los contagios al convocar grandes aglomeraciones, así que “el plan de lucha será el incremento de las ollas populares o alguna feria de la economía popular”. Esto lo vamos evaluando semana a semana, según la curva de contagios y según las posibilidades alimentarias que tenemos y también en relación a las respuestas que nos diera, o no, en algún momento el Gobierno de la Ciudad”, explicó.
Denuncia al Consejo Nacional del Salario
Desde los Movimientos Sociales denunciaron que en el Consejo Nacional de Salario se negoció un aumento salarial del 28% mientras que la inflación en 2020 cerró superando el 36%. Esto, sin contar con que el valor de los alimentos aumenta a un ritmo aún mayor que la propia inflación.
“Según el mismo INDEC, durante febrero se registró un 3,6% de inflación, también mayormente en alimentos básicos e indispensables, mientras que el acuerdo del Consejo Nacional del Salario, compuesto nada más y nada menos que por las cámaras empresariales, los mismos que definen y forman los precios que nosotrxs pagamos, junto con las burocracias sindicales, más apuradas en negociar con las patronales que por defender los derechos de lxs trabajadores, estancó el salario mínimo en $21.600 (un aumento a otorgarse en pequeñas cuotas mensuales). Este monto se encuentra un 14.1% debajo de la inflación y se le suma un retroceso del 24% sufrido durante la presidencia de Mauricio Macri”, denuncia el comunicado del FOL, que apunta a que “en cinco años, el salario mínimo ya lleva acumulado un 32% de pérdida”. Y también se pregunta: “Una familia necesita más de veinte mil pesos para no ser indigente. Entonces, ¿Cómo podemos alimentar a nuestras familias con $10.800?”.
Consideramos que el FMI puede esperar, que hay que revisar la deuda, hay que ver si se paga o no, pero en este contexto de pandemia toda la política pública debe estar orientada a la producción y comercialización popular, y a la respuesta sanitaria y alimentaria”.
Esenciales, pero invisibles
A menudo, a las organizaciones sociales se las asocia sólo con el corte de calles, pero detrás de eso hay promotoras de salud, comedores, merenderos y hasta sectores que se dedican a resolver cuestiones de violencia de género, ya que es de público conocimiento que a las villas porteñas muchas veces no ingresan ni la policía ni las ambulancias. Este sector, que vive al margen de los derechos públicos de que goza el resto de la población, establece y genera sus propios servicios, su propia forma de organización, ya que, tal como indicó Marina Joski, ellos “se salvan en comunidad”. “Decidimos implementar este plan de lucha también reforzando la idea de que nosotros nos salvamos en comunidad, que no hay otra forma de salvarnos si no es a través de la solidaridad”.
“Hacemos estas jornadas de lucha con 20 ollas populares ante la negativa del Gobierno a conceder reuniones y ante el fuerte recorte que sufrieron los comedores de todas las organizaciones, la carencia de alimentos secos para aquellos comedores que no están bajo programa y la negativa de vacunación a las trabajadoras esenciales, como las cocineras de los merenderos o las promotoras de salud, que son esenciales”.
“Nosotros hablamos de la democratización del acceso a los alimentos, que por un lado impulsamos desde la UTEP (CTEP) y el Movimiento Popular La Dignidad, de herramientas de reconversión de oficios de la economía popular, orientadas a la producción de alimentos y la comercialización de los mismos. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad no invierte en desarrollar estas propuestas ni da respuestas que para nosotros van de la mano de mayor justicia económica”, completó Joski al respecto de todas las actividades que desde las organizaciones realizan por su comunidad y dejando en evidencia que cortar una calle no es su primera opción, sino una consecuencia de inconvenientes mayores.
Por su parte, al respecto desde el FOL enunciaron: “Somos quienes garantizamos las tareas esenciales que ni siquiera son reconocidas. Quienes aseguramos un plato de comida para miles de familias en todo el país, quienes sostenemos comedores y copas de leche (que se han triplicado), quienes sostenemos postas de salud y cuidado desde el inicio de la pandemia, como también quienes acompañamos diariamente a mujeres y disidencias en situación de violencia machista y patriarcal. Sin embargo, nuestro salario es de indigencia”.
El reclamo
“Un salario para vivir y no para sobrevivir”, es el reclamo central para Sebastián Zubizarreta, es decir, la coherencia entre el Salario Mínimo, Vital y Móvil y la Canasta Básica Familiar que les permita emerger por sobre la línea de pobreza.
“En los últimos días se ha conocido el aumento de la pobreza e indigencia en nuestro país, en donde la inflación en los alimentos golpea mucho más y es más alta para los sectores más humildes que las organizaciones sociales representamos”, puntualizó.
“La mayoría de nuestros compañeros/as que trabajan en las cooperativas reciben un ingreso de $10.800 mensuales por tareas que durante la pandemia no hemos dejado de realizar, sosteniendo los comedores y merenderos, las postas y promotoras de salud, cuidando y atendiendo los casos de violencia de género, que también han sido esenciales”.
Un corte de calle es sólo la cara visible de un sector social que pierde cada vez más poder adquisitivo y no alcanza a suplir el crecimiento de la inflación y que es azotada también por una pandemia cuya segunda ola está comenzando. Ésta es la razón del plan de lucha de estas organizaciones, que necesitan ser visibles para enfrentarla.