La fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cicero, dictaminó este domingo a favor de la medida cautelar pedida por dos organizaciones civiles para mantener la presencialidad en las aulas este lunes.
Dos de los amparos -presentados por un grupo de docentes de la ONG “Abramos las Escuelas” y la fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas (CEPP)- fueron rechazados en primer lugar por el juez Marcelo Segón. El titular del Juzgado N°17 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, consideró que no podía expedirse sobre los amparos.
De esta forma, el amparo quedó en manos de la titular del Juzgado N°1 en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Buenos Aires, Romina Tesone, que este sábado rechazó la medida.
Ante esa situación las partes decidieron interponer recursos de queja ante la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
De esta manera, los camaristas Marcelo López Alfonsín, Laura Perugini y Nieves Macchiavelli corrieron vista al Ministerio Público Fiscal porteño, a cargo del fiscal Juan Bautista Mahiques, para que se expida de manera urgente antes de las 11 de este domingo respecto de la medida cautelar.
Esta mañana y según Infobae, la fiscal de Cámara Karina Cicero solicitó que se dé lugar al amparo y por tanto se mantenga este lunes la presencialidad en las escuelas. Luego, quien deberá resolver es la Sala IV de la Cámara de Apelaciones, que se espera que lo haga en las próximas horas.
En su dictamen, la fiscal Cicero calificó al cierre de escuelas como “un agravio a intereses de tipo colectivo en un tema de máxima relevancia social” y sostuvo que “existen suficientes motivos para hacer lugar a la queja, y consecuentemente, conceder el recurso”.
En ese sentido, la fiscal consideró que el recurso de apelación fue mal denegado por el juez Segón, quien, en su remisión provocó una dilación irregular y a quien acusó de llevar a cabo una interpretación equivocada del Reglamento de Turnos para desprenderse de la causa.
La funcionaria judicial también citó en su escrito informes elaborados por UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, como también declaraciones del Consejo Federal de Educación y del conjunto de Ministros de educación de todo el país, y remarcó que “no se trata de desconocer la necesidad de adoptar medidas en aras de evitar la propagación del COVID19, pero eso no hace mella en la verosimilitud en el derecho”.
También cuestionó “la escasa información presentada” sobre la incidencia de la presencialidad escolar y el uso del transporte en el número de contagios y destacó que la mayoría de los estudiantes al menos del nivel inicial y primario, “concurren a escuelas que se encuentran ubicadas dentro de un radio cercano a sus domicilios”.
En ese sentido, indicó Cicero, el “Estado nacional estaría impidiendo que se garantice el servicio educativo de los niños, niñas y adolescentes de la Ciudad”.