La ministra de Salud, Carla Vizzotti, fue denunciada penalmente este martes por supuestas irregularidades en las medidas preventivas contra el coronavirus y por inclumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de la polémica que se generó en la adjudicación de los testeos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. También fueron demandadas otras funcionarias.
La presentación fue realizada por la agrupación Acción Conjunta Republicana y la denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 de la Capital Federal, a cargo de Sebastián Ramos. En el escrito, la agrupación le pidió a la Justicia que se investigue qué personas o funcionarios pueden estar detrás de Labpax y el uso de la firma de un bioquímico que certificaba los testeos que no trabajaba para el laboratorio.
Quienes también fueron denunciadas la subsecretaria de Calidad, Regulación y Fiscalización de Fronteras, Claudia Madies; las monotributistas titulares de la empresa Labpax S.R.L., Paola Orellana Perillo y Laura Cáceres; y los concesionarios del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
En la denuncia la agrupación manifestó que los responsables a cargo de la política de testeos contrataron “una sociedad sin ningún tipo de antigüedad y trayectoria, sin antecedentes en análisis clínicos, cuyas dueñas son dos monotributistas que no se conoce su experiencia en bioquímica”.
Y puntualizaron en que “se obligó a los argentinos a realizarse y abonar un testeo en suelo nacional para proteger la salud pública y en su lugar se habría montado un negocio para recaudar pero sin idoneidad ni efectividad para detectar o detener la propagación de la pandemia”.
“La gravedad de los hechos denunciados radica en que este ignoto laboratorio creado ad hoc, con un aparente fin lucrativo pero distante de ser idóneo en lo sanitario, resultaba ser la primera barrera de ingreso de pasajeros portadores del virus”, concluye el escrito.