El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF) resolvió por unanimidad la remoción del ex fiscal Julio César Castro, acusado de ser responsable de una serie de episodios de acoso y abuso sexual y maltrato laboral a sus empleados y empleadas, por “mal desempeño del cargo” y por “no haber obrado con buena conducta”.
El tribunal consideró que el magistrado, quien ya había sido condenado a seis años y seis meses de prisión por haber abusado sexualmente de su expareja, es responsable de “numerosos hechos de suma gravedad y repetidos a lo largo del tiempo”.
El “jury” también tuvo por acreditado que Castro, exjefe de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales, incurrió en “maltrato laboral” y en “comportamientos inadecuados” y hechos de “violencia de género” dentro y fuera de su ámbito como representante del MPF ante tribunales orales en lo criminal.
La sentencia, dada a conocer en una audiencia virtual, destacó la “cuantía y gravedad” de los hechos atribuidos a Castro “y la cantidad de tiempo en que los llevó a cabo”.
Los hechos, que afectaron la carrera profesional y la integridad personal de nueve trabajadoras y dos trabajadores judiciales, fueron encuadrados en tres tipos de delitos: acoso laboral, acoso sexual y acoso sexual ambiental, que la acusación describió como “un comportamiento de índole sexual que agobia a la persona que trabaja” y que “enrarece o intoxica el ambiente laboral”. Al momento de juzgarlos, el Tribunal consideró que los mismos concentran cinco formas de violencia de género: psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, y simbólica.
La defensa se había quejado porque se le imputaban episodios ocurridos hace un cuarto de siglo, a la vez que negó tener responsabilidad alguna.
El jurado, en cambio, evaluó que Castro, quien por estos hechos fue condenado en noviembre de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal 8 a seis años y seis meses de prisión (cuya apelación debe resolver la Cámara Nacional de Casación Penal), no mostró arrepentimiento ni presentó sus disculpas a las víctimas.
La fiscal Indiana Garzón, a cargo de la acusación junto al fiscal Federico Reynares Solari, consideró el veredicto como “una bisagra” en el ámbito judicial “para la comprensión de lo que significa la violencia laboral y sexual”, señaló a este diario al finalizar la audiencia.