El proyecto de Uniones Civiles de Solidaridad, presentado en la Legislatura por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), continúa causando revuelo. Al escrache que los gays le hicieron al diputado radical Jorge Enríquez por calificar al proyecto de "contra natura, inoportuno, inconstitucional, inconveniente y ajeno por completo a nuestra tradición jurídica" se le sumó la contraofensiva de los sectores más conservadores de sociedad porteña.
Este martes llegaron a las comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales -adonde fue girado el proyecto- 68 cartas con el título de "Vehemente protesta contra el ‘matrimonio’ entre personas de igual sexo".
Las misivas son fichas redactadas en primera persona, todas iguales, con un espacio para la firma y la fecha. El sistema utilizado implicó que, quien deseara suscribir alguna de estas cartas, debía hacerse cargo de manera individual de lo allí expresado, sin que apareciera el nombre de la agrupación que realizó esta campaña pública. "Solamente ocho tienen número de documento o dirección y en muy pocas está aclarada la firma", afirmaron a NOTICIAS URBANAS fuentes legislativas.
El texto, que parece redactado por un dilecto discípulo de Tomás de Torquemada, califica al proyecto de "repugnante" y afirma que "los actos carnales entre personas de igual sexo, por contradecir de la manera más radical el orden natural de las cosas, son intrínsecamente desordenados, no constituyen una verdadera unión y nunca generan derechos".
En otra parte del texto, se asegura que el proyecto "con el pretexto de ‘no discriminar’, concede a esas personas los mismos derechos, beneficios sociales, jubilatorios y previsionales que los otorgados a los esposos, ¡sin excluir la posibilidad de adoptar niños!" "¡Ni siquiera las sociedades paganas más corrompidas llegaron a ese punto!", se exclama en la redacción.
El proyecto original de uniones civiles pertenece a la jueza camarista en lo civil y comercial de San Isidro, Graciela Medina y contempla la creación de un registro en el que podrán anotarse las parejas que lo deseen, sean de diferente o de un mismo sexo, para que se les reconozcan los mismos derechos laborales y de seguridad social que poseen los matrimonios. La iniciativa no abarca ni las cuestiones relacionadas con la sucesión ni la posibilidad de adopción, temas de Derecho Civil que sólo pueden ser modificados por el Congreso Nacional.
