Después de dos años de iniciado el juicio por irregularidades en la Autopista Illia, por fin el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, reconoció que el Anexo 14, que supuestamente formaba parte del Decreto Nº 3135/98, no existe. El Anexo obligaba, supuestamente, al Gobierno porteño a pagarle a COVIMET, que construyó la autopista, 28 millones 800 mil pesos.
Ibarra reconoció este hecho al responder a una demanda del denunciante, el ex concejal demócrata, Marcelo Gey. En la contestación, además Ibarra afirmó que había hecho una previsión de pago en el Presupuesto del año 2002, previendo que el juez que lleva la causa obligase a pagar al Gobierno porteño y no porque tuviera intenciones de abonar sumas ilegales a COVIMET.
El Anexo en cuestión es un documento cuyo original -que obra en el expediente de la causa- fue presentado ante el juez por las autoridades de COVIMET, ya que en el Registro de Decretos del Gobierno porteño no hay asentada ninguna copia. El documento lleva la firma de Florencio Noceti Pueyrredón, un ex asesor del gobierno en las épocas en que de la Rúa aspiraba a conducir los destinos de la Argentina.
Cuando el juez interrogó a Noceti Pueyrredón acerca de las razones por las que su firma figura en el documento, éste contestó que ésta sólo significa que tomó conocimiento de su contenido y que no obliga a la Ciudad a nada, ya que él no tenía jerarquía suficiente para autorizar ningún pago. Además, el ex funcionario relató que él conoció el Anexo 14 porque se lo presentó un directivo de COVIMET, que le entregó una fotocopia del documento que sacó en una librería de la calle Rivadavia. El directivo de la concesionaria le mostró también los "borradores" de una serie de comprobantes de gastos que COVIMET debía presentar al Gobierno para justificar los casi 29 millones de pesos contenidos allí.
UNA MEDIDA QUE NO GUARDA COHERENCIA
A pesar de tantas irregularidades, fácilmente comprobables a medida que uno se interna en el expediente de la causa, el juez subrogante Eduardo Dafflis Niklison ordenó efectuar una pericia sobre el mentado Anexo 14, que tiene visos de ilegalidad por todas partes. Es decir, ordenó periciar un documento que no tiene existencia legal.
