Dos autos de alta gama pertenecientes a dos narcotraficantes, que habían sido convertidos en patrulleros durante el gobierno de María Eugenia Vidal, deberán ser restituidos a sus dueños porque la Justicia no pudo probar que fueron adquiridos con dinero mal habido.
Se trata de un Mercedes Benz C200 Kompresor y un Peugeot RCZ secuestrados por la Policía de Buenos Aires tras una serie de operativos realizados en noviembre de 2017 en el sur del conurbano, donde además hallaron un cargamento de 43 kilos de cocaína empaquetada y envuelta con grasa mecánica.
Jaime Rosado y Hugo Alberto Rivas, los dueños de los coches que ocho meses después pasaron a formar parte de la flota de móviles policiales, fueron arrestados en aquella redada y el 30 de abril pasado fueron condenados a penas de hasta cinco años y seis meses de prisión por tenencia de drogas para su comercialización.
En el fallo, los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) Nº1 de La Plata, que preside Nicolas Toselli, rechazaron el pedido de decomiso de los dos coches que había realizado el fiscal Hernán Schapiro.
“Los automóviles no fueron instrumento de la tenencia” de drogas y “la relación de señorío que se verificó en el caso, fue con el material estupefaciente”, señala el veredicto.
Para el tribunal, el fiscal no pudo probar que los vehículos de alta gama secuestrados sean producto de un enriquecimiento ilegal y derivado de la venta de estupefacientes, ya que la droga secuestrada tenía destino de venta, pero eso era una ganancia futura.
Tanto el Mercedes Benz Kompresor como el Peugeot RCZ fueron ploteados con los colores que identificaban a la gestión anterior y presentados a la prensa en julio de 2018, en un acto que se llevó a cabo en el partido de La Matanza.
El RCZ fue utilizado para realizar tareas de seguridad y vigilancia en la autopista La Plata – Buenos Aires hasta el 3 de noviembre del mismo año, cuando terminó chocado por otros dos autos y retirado de servicio.
Según fuentes judiciales, el fallo habilitaría a los propietarios, no solo a reclamar la devolución de los coches secuestrados, sino también a exigir una indemnización futura por los daños ocasionados.