El fiscal Gerardo Pollicita pidió la indagatoria de seis funcionarios de la TV Pública, por el retiro de $11,4 millones en efectivo. Pero todavía no le solicitó al juez Luis Rodríguez que cite a Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA).
La denuncia fue presentada por Ricardo Benedetti y Jimena Casiñeira contra la titular de RTA, que está a cargo de la empresa que maneja Radio Nacional y la TV Pública. A esa denuncia luego se le agregó otra de la propia denunciada Lufrano.
La Denuncia penal contra Rosario Lufrano que realizamos junto con la Dra. @jimenitaca_ en representación de @EquipoBanquemos cayó en el juzgado federal N9 a cargo de Luis Rodríguez.#BuenJueves https://t.co/VRupylkxbD pic.twitter.com/WYIh1qaxoT
— Ricardo R Benedetti (@RicBenedetti) March 11, 2021
Los citados a indagatoria por el fiscal Pollicita son Guillermo Siaira, director de Administración y Finanzas, y Ernesto Molinero gerente de Producción, que tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias, a pedido de Lufrano.
También el tesorero Claudio Lamalfa, que sería quien retiró el dinero de la sucursal del Banco Itaú que está dentro de las instalaciones del canal estatal.
También fueron citados Alejandro de la Torre, director adjunto de Administración y Finanzas, y Ariel Berliner, subgerente de Producción, que tienen prohibido el ingreso al canal, desde hace dos meses, pues tienen cargos de planta permanente, así que las autoridades prefirieron esperar a que terminen los sumarios administrativos para echarlos.
La sexta convocada por el fiscal fue la proveedora Adriana Maestri, quien obtuvo “indebidos beneficios” de la operación irregular, al igual que los funcionarios públicos, “provocándose como contracara de ello un perjuicio económico en las arcas públicas”, sostuvo Pollicita.
A ella se le pagó en efectivo $1,9 millón para la realización de escenografía, porque era conocida de los funcionarios, pero lo hicieron “sin ningún tipo de respaldo contractual y mediante compra directa”, infringiendo el Reglamento de Contrataciones del canal.
La causa judicial está caratulada como “Lufrano, Rosario, sobre incumplimiento de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, y malversación de caudales públicos”. Allí el fiscal detalla que la “maniobra defraudatoria” fue desplegada entre el 26 de febrero y el 8 de marzo por Siaira, Molinero, De la Torre, Berliner y Lamalfa, con la participación de Maestri, entre otros.
Cuestionamos la mentira y el uso de la situación de quienes siempre atacaron los medios públicos, para deslegitimar a la TVP.
Son los que callaron el vaciamiento, la rebaja salarial, negociados y el ataque a la libertad de expresión que padecimos bajo la gestión Macri-Lombardi. pic.twitter.com/6Xzn0UANX9
— Trabajadores de Prensa Canal 7 (@Canal7SiPreBA) March 10, 2021
Los seis funcionarios de RTA y la TV Pública extrajeron $11,4 millones en efectivo de la cuenta de RTA, “en el contexto de la puesta en marcha de la producción interna Los amores prohibidos de Belgrano”, como anticipos de gastos, “con el objeto de materializar la adquisición discrecional de diversos productos y servicios, desatendiendo la normativa regulatoria de la actividad allí desarrollada y eludiendo los mecanismos de control internos existentes en la mentada Sociedad del Estado”, sostuvo el fiscal Pollicita.
Esa operación “generó un lucro indebido al no contar con la debida autorización del Directorio de RTA ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara”, agregó el fiscal. Y destacó que esa operación se vio interrumpida no por su propia decisión “sino por el estado público de la situación que llevó a la Presidencia de RTA a adoptar medidas con miras a recuperar parte de los fondos”.
Además planteó que “las primeras contrataciones”, que se remontan a mediados de 2020, “se observa la intervención de la Presidenta del Directorio”, pero todo lo realizado “con posterioridad por los imputados escapó del control de los integrantes del Directorio, que lejos estuvieron de autorizar las erogaciones cuestionadas”.
De los $11,4 millones, el fiscal planteó que se recuperaron $8,1 millones, mientras que del resto se presentaron comprobantes que “fueron realizados a priori en beneficio de los propios encausados y ajenos a la finalidad para la cual fueron gestionados”.
La tipificación legal de los delitos investigados es de administración infiel en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con penas que llegan hasta los seis años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“Los extremos más arriba apuntados permiten tener por cierto -con el grado de certeza que esta instancia requiere- que los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA, mediante la extracción en efectivo de sumas de dinero de la cuenta bancaria de la sociedad y su posterior utilización, eludiendo los pertinentes mecanismos de control y la normativa que reglamenta el accionar hacia dentro de la misma, perjudicaron a las arcas públicas asignadas a RTA, en un claro beneficio propio y de terceras personas”, concluyó Pollicita.