En una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales, encabezada por el diputado Hernán Pérez Araujo (FdT) y de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin (FdT), logró dictamen de mayoría el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional que establece medidas sanitarias generales de prevención, contención y disminución de los casos por coronavirus.
“Es un proyecto virtuoso que define un semáforo epidemiológico de gravedad creciente para que las restricciones tengan una lógica sanitaria”, explicó Yedlin.
Desde el interbloque Juntos por el Cambio, el diputado radical Gustavo Menna, vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Constitucionales, manifestó su rechazo al proyecto y señaló que “no se trata de una norma virtuosa ni de una ley que le devuelve al Parlamento el rol que le corresponde”, al afirmar: “Estamos ante una ley delegativa que habilita al Poder Ejecutivo a que haga lo que quiera; estamos ante la juridización de la vida privada”.
En contraposición, la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard expresó su apoyo al proyecto: “Queremos parámetros claros para dar previsibilidad y poder tener una vida más organizada”. Y aclaró: “Esta norma no establece la suspensión de clases, salvo en caso de alarma y/o alerta epidemiológica”.
En respuesta a su preopinante, la vicepresidenta primera de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Carmen Polledo (Pro), adelantó su acompañamiento al dictamen de rechazo, al considerar que “los parámetros deberían ser consecuencia de un análisis científico y consensuado”.
En la misma línea, la diputada del Pro Silvia Lospennato se manifestó en contra del proyecto, al asegurar que “es una ley que niega el derecho a los niños a recibir educación”, ya que -indicó- “es para cerrar escuelas”.
En tanto, la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño anticipó que “presentará un dictamen propio”, ya que -afirmó- “esta ley tiene falencias constitucionales”.
La iniciativa, que cuenta con media sanción del Senado, dispone un marco normativo destinado a la protección de la salud pública. En rechazo, Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría, mientras que desde Consenso Federal emitieron un dictamen propio.