Néstor Vicente es el presidente del Ente de Control de los Servicios Públicos Privatizados de la Ciudad de Buenos Aires. "Este organismo -dice- es diferente a los de la Nación, que surgieron de las exigencias del mercado. En cambio, el Ente fue creado por imposición del artículo 138 de la Constitución porteña".
En estos tiempos, en los que una crisis impiadosa se abatió sobre los ingresos de los argentinos, la posición de Vicente es estratégica. A raíz de aquella, tanto la Nación, como las provincias y la propia Ciudad de Buenos Aires comenzaron a renegociar los contratos y las tarifas de los servicios públicos privatizados.
"Si la década pasada se define por la manera en la que se privatizaron los servicios públicos -explica este hombre de Parque Patricios, "quemero" de alma- la década que viene se definirá por la forma en que se van a renegociar. De todos modos, los que negocian en nombre de los usuarios, si no se sientan a la mesa llevando en la mochila la historia de lo que pasó antes, pues entonces viviremos otra década muy compleja".
"Tomando en cuenta el nivel de las ganancias que tuvieron las empresas privatizadas, que superaron las de cualquier otra empresa argentina -dice Vicente-, esta renegociación debe introducir el concepto del bien común. Hay que recordar que ésta no es la primera renegociación que se produce, sin olvidar que las anteriores fueron todas a favor de los intereses de las empresas, por lo que en esta ocasión se debe incorporar el interés de los usuarios".
"Pero, más allá de todo, a partir de esta renegociación -advierte-, hay que ser extremadamente severo con el seguimiento de la calidad del servicio, porque a partir de una eventual disminución de las tarifas, las empresas van a sentir, indudablemente, la tentación de bajar el nivel de la prestación".
"Otra cosa importante -agregó Vicente- es que hay que volver a incorporar en los servicios públicos el concepto de la tarifa social. En los úktimos años se ha perdido el sentido de que los servicios públicos deben tener vocación de universalidad, pues no pueden regirse sólo por las leyes de la oferta y la demanda. Los servicios públicos deben ser para todos, sin exclusiones".
