El fiscal Alejandro Molina Pico pidió este viernes la declaración indagatoria del jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, por presunta "estafa en perjuicio de la administración pública" vinculada con la contratación del servicio de multas fotográficas para infracciones de tránsito.
Este viernes al mediodía, sin embargo, Ibarra no había sido notificado oficialmente del pedido que Molina Pico giró esta mañana al despacho del juez de instrucción Facundo Cubas (juzgado 43, secretaría 105), en el marco de una denuncia que hizo el ex ministro de Justicia, Gustavo Beliz.
Ibarra se comunicó telefónicamente con la procuradora general, Alejandra Tadei, porque, según explicaron fuentes de la comuna, "no conocía la causa, ni el motivo de la indagatoria". En el Gobierno porteño había malestar. Se quejaban, básicamente, de la "política mediática de algunos fiscales que, de entrada, piden citaciones al jefe de Gobierno". Ibarra envió su propio abogado para que averiguara sobre la causa, y lo mismo se hizo desde la Procuración General.
Según un cable de la agencia DyN, el fiscal Alejandro Molina Pico formuló el requerimiento al juez de instrucción Facundo Cubas. El pedido de indagatoria abarca también al actual jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández; el ex de Justicia y Seguridad, Facundo Suárez Lastra, y el ex de Obras y Servicios Públicos (hoy Infraestructura y Planeamiento), Abel Fatala.
Según explicaron las fuentes, en 1998, durante el gobierno porteño de Fernando de la Rúa, se inició el proceso de licitación para el control de infracciones de tránsito. La concesión establecía que el costo de las infracciones debía "ser cancelado por los infractores en ocasión de acogerse al pago voluntario o, en su defecto, en forma previa y como pre-requisito para su presentación ante la justicia de faltas para su descargo". El fiscal Molina Pico determinó en su requerimiento que "cada operación de registro y notificación de una infraccion debía ser pagada por el infractor", y que las concesionarias cobrarían 15 pesos por infracción efectivamente cobrada.
Pero el 22 de enero de 2001, el gobierno de Ibarra firmó el Decreto 61, que extendió las zonas de control y en su cláusula sexta dispuso que "el servicio adicional de emisión de cédulas de notificación y boletas de pago será remunerado a un precio final de $ 1,90", que debía desembolsar el gobierno de Buenos Aires.
El fiscal entendió que con esa modificación "se obliga a la Ciudad al pago por emisión de cédulas, fueran ellas cobradas o no", lo que implica que "existe un nuevo contrato con una nueva concesión, otorgada en trasgresión a las normas que rigen las contrataciones del Estado".
A su turno, consultada por NOTICIAS URBANAS, Tadei explicó: "No conocemos el contenido de la causa, pero por lo que trascendió podemos decir que no hay ningún tipo de irreguralidad en la contratación del servicio de multas fotográficas, que por otra lado fue una licitación hecha en la época de Fernando de la Rúa, cuando estaba Nicolás Gallo en el área de Obras Públicas".
"Por otro lado, si después hubo cambios, es potestad del Poder Ejecutivo renegociar un contrato. También existen contrataciones directas que, a veces, se hacen por razones de necesidad y urgencia. Acá lo que hay que evaluar es si hubo o no perjuicio; nosotros estamos seguros que no. Pero, bueno, parece que el fiscal quiso interiorizar primero a los medios", expresó Tadei, en diálogo con esta agencia.
Por su parte, Abel Fatala opinó: "En el expediente está adjuntado un estudio económico, y todo se hizo en términos económicos razonables. No hay elementos que motiven un pedido de indagatoria".
Finalmente, Molina Pico sostuvo en su escrito, de unas diez carillas, que las supuestas irregularidades "no podían, a los ojos de las autoridades, hoy imputadas, pasar inadvertidas, justamente cuando se encontraban abocadas al estudio de toda la relación contractual".
"Se ha dictado un decreto ilegal que estableció un contrato nulo, con un beneficio para las empresas prestadoras cuyo monto deberá ser materia de prueba en la etapa pertinente. Ha sido una práctica usual en la comuna que ésta requiriera servicios de particulares sin cumplimentar las exigencias impuestas por ley", concluyó el fiscal.
Por todas esas razones, imputó a Ibarra, Fernández, Suárez Lastra y Fatala el delito de "estafa en perjuicio de una administración pública, en razón del beneficio ilegítimamente percibido por las empresa prestadoras". Los delitos imputados comprenden penas de entre un mes y seis años de prisión.
Fernando Caeiro, jefe del Gabinete de Alternativas de Unión por Todos, manifestó al respecto: "es hora que el Gobierno porteño de explicaciones por la irregular renegociación de los contratos firmados a principios del 2003".
Caeiro puntualizó que "en el año 1998 se llama a licitación para la implementación del labrado de multas en la ciudad de Buenos Aires, dividiendo la ciudad en cuatro zonas. La UTE MELLER se adjudica la zona II y la UTE ITRON la zona IV, las zonas I y III se declaran desiertas por falta de ofertas. En la renegociación realizada se le adjudican en forma directa a estas empresas las zonas vacantes, sin llamar a una nueva licitación".
Además "se amplió en forma ilegal el plazo de la concesión. La finalización de la concesión se producía en el año 2004 la renegociación los prorroga hasta el 2006 violando la Constitución de la Ciudad que establece ‘toda concesión o permiso por un plazo mayor de cinco años debe tener acuerdo de la Legislatura’.
"También -agregó- se modificaron las condiciones originales del pliego, violando la normativa vigente. Caza bobos, se permite la colocación de cámara fijas o móviles donde las velocidades máximas permitida es inferior a la velocidad normal de circulación; limitación horaria del control de tránsito, fue excluido el control nocturno, no controlando los excesos de velocidades en horarios de alto riesgo; tope de 100.000 infracciones por mes, lo que lleva a las concesionarias a buscar labrar esa cantidad, ya que cobran por cada foto sacada, antes era por cada infracción cobrada por la Dirección de faltas del Gobierno, se aseguran el ingreso; entre otras cosas".
Por último, Caeiro aseguró que "nunca fueron aprobados cuatro de los cinco equipos que se utilizan para el control vehicular, con lo cual no hay un control fehaciente sobre la precisión de los mismos. El 30 de mayo de 2003, la empresa Siemens compra el 40 por ciento de las acciones que estaban en manos de Sideco, una empresa del grupo Macri. De esta forma, este grupo ya no tiene participación alguna en el capital ni en la administración de Simens-ITRÓN. Esto se produce dos meses después de la última renegociación de los contratos, que beneficiaron a las empresas".
