Un total de 130 países, incluyendo Argentina, llegaron a un histórico acuerdo de reforma fiscal para las multinacionales que incluye un impuesto mínimo sobre sus beneficios de “al menos el 15%”, según anunció la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La iniciativa fiscal contó con el impulso del gobierno de Joe Biden y con el visto bueno del gobierno argentino, que, sin embargo, se había expresado a favor de una tasa más alta a través de su ministro de Economía Martín Guzmán.
El documento, que se basa en el acuerdo alcanzado en el G7 a principios de junio, también prevé un reparto “más justo” de los beneficios entre los países donde las empresas tienen su sede y aquellos en los que realmente desarrollan sus actividades, incluso sin presencia física. Esta parte está dirigida en particular a los gigantes digitales.
La OCDE a través de un comunicado señaló: “Este plan de dos pilares será de gran ayuda para los países que necesitan movilizar los ingresos fiscales necesarios para restablecer sus presupuestos y finanzas públicas, al tiempo que invierten en los servicios públicos esenciales, en las infraestructuras y en las medidas necesarias para una recuperación sólida y sostenible después de la crisis”.
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La reforma apunta a poner fin a la competencia fiscal en momentos que los estados gastan masivamente por hacerle frente a la pandemia, mientras las compañías gigantes se enriquecen. Bajo impulso estadounidense, la reunión del G7 en Londres plateó el tema a inicios de junio. Ese acuerdo del grupo de siete grandes potencias (Reino Unido, Francia, Italia, Canadá, Japón, Alemania y Estados Unidos) fue calificado como “histórico” por el ministro británico de Finanzas, Rishi Sunak, quien presidió el encuentro.
La propuesta apunta a las 100 multinacionales más importantes, un número insuficiente señaló a fines de mayo el G24, un grupo de países emergentes que incluye a Argentina, Brasil e India. Francia también quiere asegurar que la totalidad de los gigantes informáticos estén incluidos en la reforma.
Los participantes en las negociaciones se dieron plazo hasta octubre para “finalizar los trabajos técnicos” y preparar “un plan para su aplicación efectiva en 2023”. Se espera que este sea uno de los ejes a tratar en la reunión de ministros de Finanzas del G20 en Venecia, el 9 y 10 de julio, en la que se podría definir la ruta de un acuerdo final de aquí a final de año.