El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó y embargó al exintendente de Pilar Nicolás Ducoté (Pro) por “administración infiel en perjuicio de la administración pública” por el supuesto uso irregular de fondos nacionales en obras en el municipio.
El procesamiento dictado por Charvay fue sin prisión preventiva. Incluyó un embargo de cien millones de pesos, una inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país de Ducoté y de otros funcionarios que fueron parte de su gestión en Pilar.
A los funcionarios nacionales que habían sido indagados por este caso, en cambio, el juez les dictó una falta de mérito y los seguirá investigando.
La causa se inició en 2019, por la denuncia de una concejal del bloque Frente Pilarense que acusó a Ducoté (intendente de Pilar entre 2015 y 2019) de irregularidades en la administración de fondos recibidos del gobierno nacional durante el gobierno de Mauricio Macri; en particular, de recursos destinados a la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el barrio Peruzzotti. A esa acusación la concejal sumó luego otra, vinculada con la realización de obras públicas de infraestructura en el barrio Monterrey, también de Pilar, y una tercera por supuestas irregularidades vinculadas al convenio celebrado entre el municipio y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el 26 de julio de 2016, para realizar acciones en el marco del “Programa 69 -Acciones para el Desarrollo, Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica”. El objetivo del convenio era solventar mejoras en las condiciones edilicias y facilitar el acceso a los servicios públicos a vecinos de Pilar. Es el caso conocido como “microcréditos”.
Según el juez, “se verifica una misma matriz en los tres hechos investigados” en los que el municipio de Pilar “incumplió los convenios” y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, que tenía la posibilidad de exigir una devolución de lo desembolsado en caso de incumplimiento, realizó un “deficiente monitoreo del destino del dinero ya otorgado al municipio”.
Todo esto, de acuerdo con el fallo de González Charvay, “derivó en que a pesar de la existencia de irregularidades, se continuaran realizando desembolsos de capital, por lo que en razón de ello y del engaño pergeñado por los funcionarios municipales, se afectó directamente el patrimonio y el normal funcionamiento de la administración nacional”.
Junto con Ducoté -señalado por el juez como el “responsable primario de los fondos girados desde el Estado Nacional”- fueron procesados otros funcionarios de su gestión: Juan Pablo Martignone, el exjefe de gabinete de Pilar; Guillermo Iglesias, exsecretario de Obras Públicas del municipio; Osvaldo Caccaviello, ex director general de Calles y Red Vial, y Sandra Sosa, exsubsecretaria de Obras Públicas.
Todos ellos fueron considerados partícipes necesarios de la maniobra investigada, lo mismo que Federico Leonhardt, presidente de la firma Vivienda y Hábitat Pilar Sapem; Fernando María Bonafede, representante legal de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Gabriel Adrián Lucero, apoderado de la UTE Vialme SA, Servicios y Gestiones SA y Alpin SA; Sergio Miguel Russo, presidente de Tordel SA, y Norberto Giulianelli, representante técnico de Tordel SA.
Ducoté declaró en indagatoria en esta causa el 23 de junio pasado y sostuvo que la investigación que hizo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas -clave para la causa- fue “parcial” y omitió considerar “las cuestiones técnicas y las normas de procedimientos administrativos de la provincia de Buenos Aires”. Ducoté afirmó que su gestión como intendente había sido correcta y ajustada a la legislación vigente. Negó haber hecho una distribución irregular de los recursos girados por la Nación y dijo que “se ejecutaron las acciones necesarias para el cumplimiento del mejoramiento habitacional de los vecinos de Pilar, objetivo del convenio suscripto”, según relata el fallo del juez.