La Justicia en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó al Gobierno de Axel Kicillof que presente un plan de vacunación contra el coronavirus para las personas privadas de libertad alojadas en las cárceles de la provincia bajo los mismos parámetros del programa “Buenos Aires Vacunate” que se aplica a la población de riesgo.
La decisión la adoptó la cámara con el voto de los jueces Claudia Milanta y Gustavo Spacarotel, quienes revocaron la decisión de primera instancia para hacer lugar a una medida cautelar presentada por Adolfo Pérez Esquivel y Roberto Cipriano García, presidente y secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.
En el amparo, habían solicitado que el Ejecutivo provincial disponga la vacunación de todas las personas privadas de su libertad en igualdad de condiciones que el resto de la población.
El organismo de derechos humanos aseguró que el año pasado 29 personas murieron de Covid-19 en las cárceles bonaerenses. “El sistema de encierro se encuentra colapsado con índices alarmantes de sobrepoblación y hacinamiento. En los 65 establecimientos penitenciarios se alojan 45.467 personas en 21.500 plazas, lo que implica un 111 % de sobrepoblación”.
El Juzgado de Garantías 3 de La Plata había rechazado la cautelar por considerar que no se habían demostrado casos puntuales en que una persona privada de su libertad se hubiera inscripto en la aplicación “Vacunate PBA” y no hubiera obtenido su derecho a la vacunación.
Sin embargo, para los camaristas, “las personas que se encuentran privadas de su libertad pueden tener mayores obstáculos al momento de acceder al programa de vacunación provincial que aquellas personas que no se hallan en tal situación”.
La justicia bonaerense ordenó vacunar de manera urgente a las personas detenidas que integren grupos de riesgo frente al coronavirus.
La medida cautelar había sido pedida por la CPM, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
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— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) July 12, 2021
A partir de la decisión judicial en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) admitieron que avanzarán “para cumplir con la orden judicial. El protocolo está en proceso. Contemplará vacunar a los mayores de 60, los que tengan factores de riego y embarazadas”.
Además, aclararon que el personal penitenciario -casi 25 mil personas, entre guardias y administrativos- tiene “completado” el programa de vacunación. Es decir, todos los agentes que se anotaron recibieron al menos una primera dosis.
A inicios de la pandemia, la Cámara de Casación bonaerense había firmado un hábeas corpus colectivo presentado por las defensorías generales de toda la provincia, con vistas a que más de 400 presos en cárceles bonaerenses pudieran irse a sus casas a cumplir arresto domiciliario, como una manera extraordinaria de hacer frente a la emergencia sanitaria y penitenciaria que se vive en los penales bonaerenses.
La decisión provocó polémica social, después de que se conocieran casos de excarcelados que habían salido a delinquir o presos que habían ido a cumplir detención a metros de su víctima. La Suprema Corte de Justicia bonaerense limitó esos permisos.