El fiscal Guillermo Marijuan apeló el sobreseimiento de Victoria Donda que había sido investigada por los delitos de administración fraudulenta y malversación de fondos públicos, al ofrecerle un plan social o un cargo en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) a su empleada doméstica, Arminda Banda Oxa.
Donda había sido sobreseída el jueves pasado por el juez federal Sebastián Casanello, quien entendió que “el hecho imputado no encuadra en una figura legal”. A raíz de la apelación de Marijuan, la resolución será revisada por la Cámara Federal porteña.
En la resolución de la semana pasada, Casanello dispuso “sobreseer a Victoria Analía Donda Pérez, de las demás condiciones personales obrantes en autos, por entender que el hecho imputado no encuadra en una figura legal, haciendo entonces expresa mención de que, la formación del presente proceso penal, en nada ha de afectar el buen nombre y honor del que hubiere gozado (artículo 336, inciso 3º y último párrafo del CPPN.)”.
Además, argumentó en su fallo: “La principal conclusión del Tribunal respecto del dictamen de la Fiscalía, era que, si bien se había podido acreditar que existieron conversaciones privadas en el marco de las cuales Donda Pérez habría formulado un ofrecimiento impropio, faltaban los elementos que indicasen que, tras esos diálogos, había existido un acto administrativo de la funcionaria: una resolución u orden emanada de la titular del Inadi, que dispusiese hacer efectivo tal ofrecimiento, mucho menos un contrato estatal que lo perfeccionara”.
Si bien el juez Casanello reconoce el accionar incorrecto de la titular del Inadi, concluye que su accionar no implica el delito denunciado. “La indignación que puede generar un diálogo entre partes estructuralmente desiguales para llegar a acuerdos injustos, los incumplimientos laborales de una empleadora y/o la naturalización de un uso inapropiado y poco ético de la función pública, no alcanza para formular un reproche penal si es que faltan los elementos del tipo penal. Solo configuran delitos aquellas conductas que son consideradas antinormativas por estar previstas en nuestro código penal”.
Sin embargo, pese al fallo, Marijuan sostuvo: “Una funcionaria comprometida con la gestión pública, al frente de un organismo embanderado en el respeto de los derechos y garantías de todas las personas que habitan el país, se valió del poder del Estado para tratar de dar solución a su problema particular generado a partir de su mezquino comportamiento con la persona que para ella trabajaba de manera particular. Actitud reprochable si la hay, no sólo a la luz de la normativa que regula la actuación de un funcionario público, sino también desde una perspectiva jurídico penal”.
El fiscal concluyó que: “El accionar de la imputada se adecúa a las figuras penales señaladas y además de “indignación” por lo impropia e inmoral que resulta su conducta, habilitaría a que se activen los procedimientos previstos por la ley de ética pública y por las leyes laborales, a la luz de las cuales se tratarán los reclamos efectuados por la denunciante”.
Marijuán pidió que se revoque el sobreseimiento y se llame a indagatoria a Donda. Si la Cámara Federal revoca la decisión de Casanello intervendrá en la causa el juez Ariel Lijo quien quedó a cargo del juzgado federal 12 que está vacante y donde está radicado el expediente.